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El Estado presente

La autora advierte sobre las consecuencias de un Estado debilitado en dos frentes críticos: la tragedia sanitaria por medicamentos adulterados y el recorte en discapacidad.

Politica18 de agosto de 2025 Rossana Herrera de Gorgas
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Una vez más un escenario nacional convulsionado y caótico me golpea ahí, en el centro del pecho. Porque no sólo interpela mi dolor como ciudadana de un país en duelo, sino que me afecta en lo personal y en lo profesional.

Durante catorce años me desempeñé al frente del laboratorio estatal productor de medicamentos: la Farmacia Oficial de Tucumán, durante un largo tiempo tuve a mi cargo el poder de policía de todas las áreas técnicas del sector salud y desde hace treinta y dos años soy la mamá de un hijo con discapacidad. Por lo que le resultaría imposible a mi condición de lectora compulsiva -aunque yo pretendiera trampearla por unos meses-, preservarme del peso de la realidad y no estar informada. 

Definitivamente fue la nota de “una periodista seria” en un medio “prestigioso”, refiriéndose a la actualidad con una pluma rebuscada, elegante y eufemística -que no alcanzó para disimular su propia incomodidad- la que me generó la necesidad de compartir mis sentires, como lo hice siempre, en primera persona, con los respaldos de mi experiencia de vida y de mi trayectoria profesional. 

Sin adjetivaciones, sin descalificaciones y con la única intención -probablemente cándida- de ayudar al más desprevenido a construir imágenes mentales más racionales, más acordes a la gravedad en la que estamos inmersos, desprovistos de la pesada carga que representan las ideologías y la lucha diaria por la subsistencia.

Hablar de temas tan sensibles para nuestra sociedad tan agobiada, como las muertes por el uso de un medicamento adulterado y de la emergencia en discapacidad, entreverados en el análisis del escenario electoral -y muy especialmente del discurso presidencial- es, sino infame, al menos, irrespetuoso. 

Que haya ocurrido esta tragedia sanitaria -perfectamente evitable- y que se haya despojado de derechos a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, refiere a la necesidad de un análisis mucho más profundo. Se trata de capitalizar el horror para detenernos a pensar como adultos responsables que somos, despejados de partidismos y miradas sectoriales, en qué tipo de país queremos vivir nosotros y cuál dejarles a nuestros hijos y nietos. 

Si queremos que el “sálvese quien pueda”, como parece pretender el ministro Sturzenegger con su programa de desregulación y/o el presidente con su penosa frase “soy el topo que viene a destruir el estado desde adentro” sea nuestro norte, estamos hablando desde un peligroso desconocimiento de lo que representan la protección estatal en la calidad de vida de las personas. De todas. 

No importa a quiénes votemos. 

No tiene que ver con progresismo ni libertarismo.

Ni con izquierdas ni con derechas. 

¡Es un problema de todos!

Lo que tal vez no sepamos, y por ende no podamos valorar, son las bondades de un estado presente, saneado y fortalecido. Que actúe en tiempo y forma ante cada desvío que genere un particular o los funcionarios del gobierno de turno, de cualquier partido de que se trate. 

Este desastre que nos enluta a todos, como es la muerte de cerca de un centenar de argentinos -en estado de máxima vulnerabilidad- causada por la administración de un medicamento contaminado, de una gravedad extrema, es consecuencia directa de la falta de acción de quien tiene la obligación de garantizar la calidad de todo lo que consumimos, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA la ANMAT, (otrora multipremiada) y eventualmente las Direcciones Provinciales de Fiscalización Sanitaria. Estos entes son los encargados de habilitar y supervisar todos los procesos de formulación, fabricación, envasado, rotulación, empaquetado y logística de distribución de todos los medicamentos que se fabrican y/o distribuyen en el territorio nacional. Así como de clausurar establecimientos y/o decomisar productos. Para esto existen en el mundo entero, técnicas de muestreo, manuales de procedimiento, de buenas prácticas, protocolos, indicadores, controles internos y externos y todos los etcéteras que quiénes son -o fuimos- directores técnicos farmacéuticos de las plantas, estamos obligados a conocer y aplicar porque son los que les dan a los ciudadanos la absoluta tranquilidad de lo que van a ingerir o van a administrarles está en condiciones de cumplir su objetivo: preservar y/o restablecer su salud.

En el caso de la discapacidad ocurre algo parecido, para que una persona en esa condición de desventaja pueda gozar de una mejor calidad de vida, debe imprescindiblemente recibir ayuda del Estado, responsable de velar por el bienestar colectivo. Para ello existe un universo interdisciplinario de sostén a los hogares, que incluye honorarios no sólo de médicos, sino de sicólogos, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, psicomotricistas, cuidadores, enfermeros, maestras integradoras, transportistas, quienes hoy ven mutilados sus sueños por el veto presidencial.

Expresiones tan indolentes como mezquinas tales como “se otorgaron pensiones truchas”, “se acabó el curro" “se inventaron certificados de discapacidad (CUD)”, no hacen sino disfrazar una política de ajuste brutal sobre el sector, con recortes presupuestarios y/o sin actualización de los valores con que se pagan a los prestadores. Y con auditorías perpetuas a los hogares en esta situación que, a juzgar por los hechos, en casi dos años de gobierno, aún no se terminan de informar a los que deciden políticamente –o sí- ocasionando hasta la interrupción de tratamientos que, en algunos casos, tiene secuelas irreversibles. 

Señores que nos gobiernan: no podemos esperar más, ¡nos están matando! 

Los propios inspectores de la ANMAT informaron la existencia de irregularidades en el laboratorio productor del fentanilo en noviembre de 2024, ¿por qué, entonces llegamos hasta aquí, agosto del 2025, con noventa y siete muertos? 

La ley de discapacidad es urgente. Nuestros hijos necesitan que los profesionales que los asisten tengan salarios dignos para poder rehabilitarse.

Definitivamente, los argentinos nos debemos un profundo debate. No olvidemos que la sobreinformación es también una manera de desinformar. Notas como las que leemos y/o escuchamos a diario, no ayudan a despertar a una sociedad amortiguada. 

Pero sirven de ejemplo para conocer dónde estamos parados. 

Y entonces sí, recién pensar a quiénes le ponemos el voto para que nos representen y nos ayuden a construir horizontes.

Farmacéutica Rosana Herrera de Forgas

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