Las organizaciones convocantes exigen la derogación de las leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa, y denuncian que estas medidas forman parte de una agenda dictada por el Fondo Monetario Internacional.
America Latina31 de julio de 2025
RedacciónDiversas organizaciones sociales, feministas, sindicales, ambientalistas y culturales hicieron un llamado a movilizarse la tarde de este jueves en Quito para expresar su rechazo al paquete de leyes neoliberales impulsado por el presidente Daniel Noboa y aprobado con mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
La protesta está pactada para las 16H30 (hora local) con una concentración frente al Ministerio de la Mujer, institución eliminada en el último reajuste del gabinete presidencial, lo que ha provocado una fuerte reacción por parte de defensoras de derechos humanos y movimientos de mujeres.
Este 31 de julio, la ruta de la movilización incluye también una parada en el Ministerio del Ambiente, fusionado con la cartera de Energía y Minas, una medida que las organizaciones califican como un grave retroceso en políticas ambientales y una amenaza directa a los territorios, comunidades y ecosistemas del país.
En un acto simbólico, los manifestantes se detendrán frente a la embajada de Israel, como muestra de repudio a los vínculos que mantiene el Gobierno ecuatoriano con un Estado genocida señalado por la comunidad internacional por sus flagrantes violaciones a los derechos del pueblo palestino.
La jornada concluirá en las inmediaciones del Ministerio de Cultura, cuya reciente fusión con el Ministerio de Educación ha sido duramente criticada por representantes del sector artístico, quienes temen una pérdida de autonomía institucional y presupuestaria.
Las organizaciones convocantes exigen la derogación de las leyes impulsadas por el presidente Daniel Noboa, y denuncian que estas medidas forman parte de una agenda dictada por el Fondo Monetario Internacional.
De acuerdo con los ecuatorianos, este plan implica despidos masivos, recortes presupuestarios y la desprotección de derechos laborales, sociales y ambientales.
Asimismo, expresan preocupación por las declaraciones de la vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, quien confirmó la desvinculación de al menos 5.000 funcionarios públicos, sin un proceso claro de evaluación o justificación.
Desde las calles, los movimientos populares alertan que este tipo de decisiones representan un giro autoritario, regresivo y profundamente alineado con intereses neoliberales y extractivistas, en detrimento de los derechos históricos del pueblo ecuatoriano. TeleSur
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