Esta decisión, que suspende temporalmente garantías constitucionales, se produce en un escenario de escalada de violencia, enfrentamientos y un palpable temor a la judicialización de manifestantes.
America Latina22 de junio de 2025
Emilio Isauro MartinezEl Gobierno de Panamá ordenó la interrupción temporal de los servicios de internet residencial y telefonía móvil en la provincia de Bocas del Toro, una medida drástica implementada en el marco de un «estado de urgencia» decretado por el presidente José Raúl Mulino.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), a través de su administradora Zelmar Rodríguez Crespo, confirmó la suspensión, explicando que la orden se giró a las empresas operadoras de telecomunicaciones para aplicarla hasta el 25 de junio de 2025.
Esta medida responde a una solicitud formal de la Ministra de Gobierno y afecta específicamente al internet residencial y la telefonía móvil general, aunque se han exceptuado los servicios para entes públicos, sistemas de salud y empresas.
De acuerdo con medios locales, la población comenzó a perder la señal de sus móviles alrededor de las 21H00 (hora local) del pasado viernes, lo que obligó a algunos a salir de sus residencias para corroborar lo que ocurría, confirmando que la provincia amaneció con las comunicaciones cortadas.
Al respecto, la empresa de telecomunicaciones Starlink, que brinda en Panamá servicios de Internet de banda ancha, anunció la suspensión de sus operaciones hasta al menos el 25 de julio.
Docentes en pie de lucha contra la Ley 462
La tensa situación en la provincia de Bocas del Toro se agravó cuando las autoridades confirmaron la muerte de un joven en la zona de Rambala en el contexto de las protestas contra la Ley 462.
Bocas del Toro ha sido escenario de duros choques entre manifestantes y miembros de la fuerza pública, con el sonido de disparos, sirenas y gritos dominando el ambiente.
Las protestas en esta provincia fueron desencadenadas por el rechazo a la Ley 462, que reforma y privatiza la Caja de Seguro Social (CSS), la cual los manifestantes consideran que ofrece «pensiones de hambre».
El Gobierno panameño, por su parte, rechazó esta postura y el presidente Mulino ha confirmado que no derogará la ley.
Las autoridades desplegaron unas 2.080 unidades de la fuerza pública en la provincia para sofocar las protestas y abrir las rutas de comunicación bloqueadas por los manifestantes.
Precisamente, los docentes cumplen este próximo lunes dos meses de movilizaciones y paro iniciados el 23 de abril en rechazo a la Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).
En represalia, el Gobierno retiene los salarios de los docentes que no han retomado las clases y Mulino subrayó que los docentes solo tienen dos opciones: «seguir sin cobrar o seguir gastando las suelas de sus zapatos».
«Esa postura polarizada del Gobierno, de no querer derogar ni revisar la Ley 462, y de hacer ver a la población que es un tema inabordable, va a llevar al país a una profunda crisis que nosotros no deseamos. Creemos firmemente que el diálogo es la vía», argumentó el sector magisterial.
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Esta decisión, que suspende temporalmente garantías constitucionales, se produce en un escenario de escalada de violencia, enfrentamientos y un palpable temor a la judicialización de manifestantes.
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