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La pena para quienes inicien incendios en bosques y otros tipos de vegetación podría aumentar de 2 a 4 años de prisión a 3 a 6 años de prisión y multa, según lo previsto en el Proyecto de Ley (PL) 3330/24, aprobado ayer lunes por la Cámara de Diputados. La propuesta, que aún debe ser aprobada por el Senado, también prohíbe al infractor contratar con el gobierno durante cinco años, una vez que la sentencia sea firme.
Mercosur02 de junio de 2025Los diputados aprobaron un texto sustitutivo del proyecto de ley propuesto por el diputado Gervásio Maia (PSB-PB). La propuesta, presentada por el diputado Patrus Ananias (PT-MG), también determina que la pena se incrementará de un tercio a la mitad si el delito se comete exponiendo a la población y la salud pública a un peligro inminente y directo en centros urbanos; afectando áreas de unidades de conservación o áreas sujetas, por acto de la autoridad pública, a un régimen de uso especial; por dos o más personas.
La misma agravación puede aplicarse si el delito se comete exponiendo a especies incluidas en la lista oficial de especies raras o en peligro de extinción a un peligro inminente y directo, con el fin de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. La pena se incrementa hasta el doble si el delito resulta en la muerte de una persona.
Si el delito se cometió poniendo en peligro la vida, la integridad física o los bienes de otra persona, la pena se incrementará entre un sexto y un tercio. Si el delito se cometió sin dolo ni malicia, la pena será de prisión de uno a dos años y multa.
Patrus Ananias dijo que el proyecto establece una sanción más adecuada para los delincuentes ambientales, con responsabilidad penal, administrativa y económica para los infractores.
“La persistencia de estas prácticas, a menudo facilitadas por la falta de sanciones más eficaces, representa un desafío que debe afrontarse con la colaboración de toda la sociedad y de los poderes públicos”, destacó el ponente.
El proyecto no aplica sanciones en los casos en que la quema está controlada y prescrita, ni por su uso tradicional y adaptativo. Es decir, cuando se aplica con miras a una gestión ambiental adecuada.
El diputado también dijo que muchos incendios son provocados por grupos criminales y que la delincuencia compromete el desarrollo económico sostenible, intensifica las desigualdades sociales y afecta la salud pública, por la emisión de contaminantes y la destrucción de ecosistemas.
Gran parte de estos incendios son resultado de actos delictivos, con registros audiovisuales que demuestran la acción deliberada de pirómanos, a menudo asociados con organizaciones criminales que explotan ilegalmente los recursos naturales. Estas organizaciones suelen ser las mismas que practican el acaparamiento de tierras, la tala ilegal, la minería clandestina y el tráfico de fauna silvestre, actividades que generan grandes ganancias a costa de daños socioambientales irreparables, señaló.
Agencia Brasil
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