Denuncian prácticas abusivas contra víctimas de ruptura la presa en Mariana

La acción interpuesta por el Ministerio Público de Espírito Santo fue realizada en conjunto con el Ministerio Público Federal (MPF), el Ministerio Público del Estado de Minas Gerais y las Defensorías Públicas de Espírito Santo, de Minas Gerais y de la Unión.

Según la demanda, los despachos de abogados estaban imponiendo cláusulas abusivas en sus contratos con los afectados, creando incertidumbre sobre los derechos de las víctimas del colapso de la presa.  De esta forma, el Ministerio Público de Espírito Santo quiere garantizar la transparencia y el derecho a elegir de las víctimas del desastre del Río Doce.

La Acción Civil Pública solicita el pago de daños morales colectivos; la invalidez de cláusulas abusivas en los contratos; la garantía de que los afectados puedan recibir una indemnización en Brasil sin ser penalizados; Además de proteger el derecho de las víctimas a la libre elección y autodeterminación.

Cláusulas abusivas

Los fiscales y defensores públicos señalan que las cláusulas contractuales abusivas incluyen:

· cobro de honorarios sobre indemnizaciones obtenidas en Brasil, incluso las derivadas de contratos en que la firma no actuó;

· restricciones a la resolución del contrato por parte de los afectados;

· previsión de pago a la oficina incluso en caso de retirada de la acción inglesa;

· difusión de campañas que desaconsejen a los afectados unirse a programas de compensación en Brasil.

La Fiscalía también señala que Pogust Goodhead LTD impuso una cláusula de foro exclusivo en Inglaterra y una disposición de arbitraje en Londres, en idioma inglés. Esta práctica se considera abusiva e incompatible con la condición vulnerable de los contratistas.

En la acción, el diputado destaca que los afectados por daños ambientales y sociales, en varios municipios y áreas, son, en su mayoría, brasileños de baja renta y con poco acceso a información jurídica.

Oficinas

Pogust Goodhead Law LTD (PGMBM) es una firma de abogados ubicada en Londres que ha presentado una demanda colectiva contra BHP Billiton, representando a más de 700.000 brasileños afectados por la tragedia ambiental, alegando la responsabilidad civil de la empresa por el desastre.

Contactada por Agência Brasil , la oficina de Pogust Goodhead afirma que la estrategia del Ministerio Público del Estado de Espírito Santo y otras instituciones "pretende lesionar el derecho -ya reconocido por la justicia inglesa- de los afectados a buscar una reparación integral y presionarlos para que acepten los términos de un acuerdo incompatible con los daños sufridos".

En la nota, el bufete de abogados dice que el Programa de Indemnización Definitiva (PID) no tuvo la aceptación masiva esperada. Cientos de miles de personas han decidido seguir litigando en Inglaterra en busca de una compensación completa.

Pogust Goodhead agregó que ha informado a sus clientes sobre las condiciones y consecuencias de cualquier eventual adhesión a la renegociación. Según la oficina, los términos impuestos por las empresas mineras obligan a los asociados a renunciar a acciones judiciales en Brasil y en el exterior, si optan por programas como el PID, dirigido a personas que buscan reparación por daños causados.

“En el acuerdo de renegociación, las mineras impusieron estrictos criterios de elegibilidad que dejaron fuera a más de 400.000 demandantes en la acción contra BHP [Billiton, minera] en Londres”, señalan los abogados. "Los afectados tienen el proceso inglés como único medio para buscar reparación por el mayor crimen ambiental de la historia de Brasil", concluyó.

Rotura de presa

Con la ruptura de la presa llamada Fundão, cerca de 39 millones de metros cúbicos (m³) de residuos mineros fluyeron 663 kilómetros por la cuenca del río Doce hasta su desembocadura en Espírito Santo. El volumen de lodo sería suficiente para llenar 15.600 piscinas olímpicas.

La presa estaba controlada por Samarco Mineração SA, una empresa conjunta con las compañías mineras Vale SA de Brasil y la anglo-australiana BHP Billiton.

La tragedia dejó 19 muertos. Los distritos mineros de Bento Rodrigues y Paracatu fueron destruidos por la inundación. Se produjeron impactos ambientales en la cuenca del río Doce, que abarca 230 municipios de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, abastecidos con agua del río.