RedacciónEl mandatario chileno es investigado tras una querella presentada por un abogado de ultraderecha, que impugnó la operación de compra de la vivienda que el gobierno buscaba convertir en un museo.
El cuestionamiento se basa en el hecho de que dos de las actuales dueñas de la propiedad son la hija de Allende, la senadora del Partido Socialista Isabel Allende, y la nieta del mandatario Maya Fernandez, entonces ministra de Defensa y quien renuncio a su cargo por este caso.
Las normas legales impiden que parlamentarios y ministros firmen contratos con el Estado.
El presidente Boric "realizó una declaración voluntaria en el Palacio La Moneda al fiscal (..) Patricio Cooper", informó en un comunicado la dirección de Comunicaciones de la presidencia.
"Esta diligencia voluntaria se inscribe en la permanente disposición del Presidente de la República a prestar la colaboración necesaria con la investigación de la fiscalía", agregó el texto.
Salvador Allende fue derrocado en un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973. Se suicidó en el palacio de gobierno en medio del alzamiento militar.
La compra de la casa de Allende fue anunciada en diciembre por el Ejecutivo, y casi de inmediato fue advertido por juristas que tanto su hija como su nieta estaban impedidas por ley de firmar contratos con el Estado.
Eso llevó al gobierno a cancelar la operación, pero igualmente la fiscalía abrió una investigación para establecer la existencia o no de delito en el proceso de compra.
El fiscal Cooper aclaró, en una entrevista radial a mediados de mes, que Boric, por ser presidente, está eximido de ser citado a declarar, por lo que se le "invitó" a hacerlo. Incluso no está obligado a responder y puede guardar silencio, explicó.
A consecuencia de este caso, Fernández renunció a su cargo el pasado 10 de marzo. Antes, había renunciado la ministra de Bienes Naciones, por visar la transacción.
La ahora exministra y la parlamentaria, así como los otros propietarios de la propiedad, alcanzaron a firmar un contrato de compraventa de la casa valorada en unos 900.000 dólares.
El Tribunal Constitucional también está analizando un requerimiento presentado en contra de Isabel Allende. AFP
