De Australia a Europa, la restricción de las redes sociales en el mundo
Desde el ejemplo pionero de Australia hasta el impulso y posterior retroceso de Francia, muchos países del mundo, entre ellos Italia, están introduciendo o considerando prohibiciones de redes sociales para menores de edad con el fin de protegerlos de la adicción, el ciberacoso y el contenido dañino, como hizo hoy la Comisión Europea con la Ley de la Infancia de la UE.
El tema principal de la verificación de edad queda en segundo plano.
Australia se ha destacado, efectivamente, por haber introducido una prohibición para menores de 16 años a finales de 2025, sentando un precedente que muchos otros países intentan imitar.
Las plataformas que no cumplan con las normas se enfrentan a fuertes multas, pero según datos de eSafety -el organismo regulador de la seguridad en línea de Australia-, más del 80 por ciento de chicos de entre 10 y 15 años eluden la prohibición y siguen utilizando las redes sociales.
Malasia e Indonesia también tienen una prohibición total para menores de 16 años.
Por su parte, China no tiene una prohibición total, pero Pekín impuso el "modo infantil", un sistema de control integrado directamente en dispositivos y aplicaciones que limita el tiempo de uso, incluso por la noche, para chicos de entre 8 y 16 años.
En tanto, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos tienen medidas enérgicas contra los menores de 15 años, mientras Brasil cuenta con una ley que exige que todos los menores de 16 años vinculen sus cuentas a un tutor.
Por otra parte, no existe una ley federal en Estados Unidos, pero hace unas semanas, Meta llegó a un acuerdo de aproximadamente 17 mil millones de dólares con una coalición de estados para resolver una demanda histórica sobre la adicción infantil.
En Europa, varios Estados miembros ya habían tomado diversas medidas antes de la entrada en vigencia de la Ley de la Infancia de la UE.
El caso más controvertido se dio en Francia: tras la aprobación definitiva por el Parlamento de la prohibición para menores de 15 años el 21 de julio, el proyecto fue paralizado decisivamente por la intervención del Consejo Constitucional el 14 de agosto.
Eso censuró el artículo que prohibía el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, al considerar insuficientes las garantías de libertad de expresión y privacidad.
Por eso mismo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió al gobierno que reformulara la medida.
En tanto, en el Reino Unido, el exprimer ministro Keir Starmer anunció formalmente la prohibición para menores de 16 años en junio pasado, con un proyecto de ley que incluiría sistemas de verificación de edad mediante escaneo facial o identificación.
También en Europa, Portugal aprobó en febrero de 2026 una prohibición total para menores de 13 años, además del consentimiento paterno para menores de entre 13 y 16 años.
Mientras, en Dinamarca, ya se firmó un acuerdo gubernamental para prohibir el acceso a Internet a menores de 15 años: se espera la entrada en vigor de la ley.
Por su lado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció oficialmente una prohibición para menores de 16 años, pero aún está pendiente la aprobación parlamentaria.
En ese contexto, en Alemania, una comisión parlamentaria estudia la viabilidad de prohibir el acceso a Internet a menores de 14 años, en tanto, en Noruega, concluyó una consulta pública: la edad objetivo es de 15 años, con la obligación de usar BankID (la identidad digital nacional) para acceder a las redes sociales.
En relación con Italia, el debate político sobre la protección infantil continúa, y se presentaron varios proyectos de ley en el Parlamento.
Entre ellos, se destaca un proyecto bipartidista de Lavinia Mennuni (FdI) y Marianna Madia (PD), que eleva la edad mínima para registrarse en redes sociales a 15 años, exige sistemas de control parental y ofrece protección a los menores expuestos en Internet.
A ese proyecto se suman una propuesta de Mara Carfagna (Noi Moderati) que establece una prohibición total para menores de 13 años, un proyecto de Giorgia Latini (Lega) que extiende el requisito del consentimiento paterno hasta la mayoría de edad, y una iniciativa de Nicita-Basso (PD) que centra la atención en la responsabilidad de las plataformas. ANSA