Un fiscal de Perú pide más de cinco años de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez
La pena forma parte de la resolución acusatoria del fiscal, emitida el 15 de enero, pero cuyo contenido no trascendió hasta este martes, cuando varios medios nacionales tuvieron acceso a ella, en momentos en que el escrutinio confirma que Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante la derechista Keiko Fujimori.
La acusación contra Sánchez, que también incluye un pedido de inhabilitación política, está prevista que se formalice en una audiencia el miércoles 27 de mayo, cuando falten poco más de dos semanas para la celebración de la segunda vuelta, convocada para el domingo 7 de junio.
En esa audiencia, el juez de turno deberá definir si por los elementos e indicios expuestos por el fiscal debe abrirse un juicio contra el actual candidato presidencial.
El caso contra el candidato Roberto Sánchez
Los hechos que han motivado esta acusación se remontan a los informes financieros del partido Juntos por el Perú entre los años 2018 y 2021, donde se realizaron diversas procesos electorales para las regionales y municipales (2018), legislativas (2020) y presidenciales (2021).
En estos informes la organización que lidera Sánchez habría presentado declaraciones que contienen supuestamente información falsa en el primer año y presuntos aportes económicos falsos, en el segundo.
De acuerdo con la Fiscalía, tanto Sánchez como su hermano William recibieron hasta 280.000 soles (unos 81.500 dólares) en distintos aportes y tasas cobrados a sus afiliados al partido que al parecer no fueron declarados debidamente en los documentos financieros de la formación política.
El abogado de Roberto Sánchez, Carlos García Asenjo, cuestionó que la Fiscalía no haya señalado de qué forma su defendido usó los aportes que se señala para un fin personal y eximió al candidato de responsabilidad al remarcar que no fue el encargado de elaborar las declaraciones financieras del partido.
Sánchez fue el único ministro que permaneció durante todo el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y ahora dio el paso de ser candidato presidencial en nombre del exmandatario, que cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, para supuestamente evitar una eventual destitución por parte del Congreso, controlado por una feroz oposición a su figura.