La CIDH condena a Perú por la esterilización forzada y muerte de Cecilia Ramos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictó este jueves una sentencia histórica al declarar la "responsabilidad internacional del Estado peruano por la esterilización forzada y la muerte ulterior" de Celia Edith Ramos Durand, según informó el presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch.
Ramos Durand falleció tras someterse a una ligadura de trompas bajo presiones constantes de personal de salud. Su esposo presentó una denuncia contra el personal médico que participó en la intervención quirúrgica, la cual fue archivada el 17 de diciembre de 1997. Desde entonces, el proceso penal fue abierto y cerrado en al menos dos ocasiones.
Ese acto cometido contra su voluntad sucedió en el marco de un programa de planificación familiar que implementó el fallecido ex presidente peruano Alberto Fujimori durante los cuatro últimos años de su mandato, que concluyó en el año 2000. Un gobierno marcado por graves violaciones a los derechos humanos.
Se estima que cerca de 300.000 mujeres fueron víctimas de estos procedimientos.
Una política dirigida a poblaciones vulnerables
La justicia peruana ya reconoció en 2023 que las "esterilizaciones involuntarias" no fueron hechos aislados, sino que formaron parte de una "política pública". Por su parte, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discrimación contra la Mujer (Cedaw) denunció en 2024 que se trató de una práctica "sistémica" que ensañó con mujeres pobres, sin estudios y de origen quechua.
Las víctimas relatan haber sido engañadas o coaccionadas para someterse a las intervenciones en clínicas que carecían de personal calificado e infraestructura básica. En muchos casos, las mujeres ni siquiera hablaban o leían español, lo que les impidió comprender la naturaleza irreversible de la cirugía a la que estaban siendo sometidas.
El largo camino hacia la sentencia
A pesar de la magnitud de la tragedia, la justicia en Perú avanza a paso lento. Aunque existe un registro oficial con más de 7.000 víctimas, el Ministerio Público señala que solo 3.000 casos se encuentran en investigación preliminar. Hasta la fecha, no se ha dictado ninguna condena penal en el país por estos abusos contra los derechos humanos. AFP