Pescadores peruanos exigen a Repsol indemnizaciones tras derrame petrolero
Pescadores de Perú se manifestaron para exigir ante la justicia peruana una demanda de acción de amparo contra la multinacional española Repsol y recibir indemnizaciones por daños y pérdidas tras el derrame petrolero que contaminó las costas del norte del país en el año 2022.
Manifestantes denunciaron que el derrame impidió las labores del sector pesquero provocando grandes pérdidas económicas y afectando el sustento familiar de los trabajadores.
A su vez, el gremio pesquero exigió la anulación del contrato de indemnización aprobado el 04 de marzo del 2022 en un acuerdo entre el gobierno y Repsol, debido a la inexistencia de exactitud sobre las fechas concretas para las remediaciones y pagos realizados sin evaluaciones finales de los daños reales. «En su momento, por la deudas y por la premura que teníamos, nos empezaron a pagar sin un proceso de negociación justa» señaló.
«Exigimos nuestros derechos porque hemos sido desamparados por este Gobierno y porque la empresa se ha aprovechado de nuestra necesidad económica. Queremos anular este contrato y tenemos prueba suficiente para hacerlo, no vamos a permitir que atropellen nuestros derechos» enfatizaron los trabajadores de la Federación de Pescadores Artesanales, Ancestrales y Tradicionales de los Distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay.
Un portavoz de la Federación de Pescadores denunció la inacción por parte del Gobierno en las labores de recuperación de las playas afectadas por el derrame, que aún presentan contaminación por hidrocarburos.
El 15 de enero de 2022 se produjo un derrame de petróleo crudo que afectó diversas zonas en las costas chalaca y limeña.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste abrió una investigación preliminar contra Grupo Repsol del Perú S.A.C., y la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, por los presuntos delitos de facilitación de comisión de delito ambiental y de información inexacta.
Dicha decisión ocurrió tras el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, en el distrito de Ventanilla (Callao) y afectó a la costa de Ventanilla (Callao), Santa Rosa y Ancón (Lima) en enero del 2022.
La investigación, conducida por el fiscal provincial Ariel Tapia Gómez, deberá determinar las responsabilidades de los involucrados respecto a la demora, más allá de los plazos razonables, establecidas en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
El Gobierno de Perú afirmó en aquel momento que se derramaron 11.900 barriles de petróleo, mientras que Repsol indica que fueron 10.400.
Las autoridades estiman que más de 5.500 pescadores resultaron afectados de forma directa, además de unos 700.000 que incluyen a toda la cadena de trabajadores que laboraban en las playas contaminadas.
Asimismo, los rescatistas hallaron unas 300 aves muertas y observaron al menos otras 1.200 cubiertas de crudo, en especial cormoranes, guanayes, piqueros, pingüinos de Humboldt, pelícanos y gaviotas peruanas. TeleSur