Brasil: Fondos de reparación de las mineras financiarán hospitales

El nuevo acuerdo, firmado en octubre del año pasado , garantizó 100.000 millones de reales en nuevos recursos, que las empresas deberán pagar al gobierno en un plazo de 20 años, para su uso en diversas reparaciones a la población y al medio ambiente. El gobierno federal fue responsable de asignar 49.080 millones de reales al fondo administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

En una ceremonia en el Palacio de Planalto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva recordó las dificultades para alcanzar un acuerdo que atendiera todas las demandas de la población de la región. El primer acuerdo para indemnizar a las víctimas se firmó en 2016, pero se sabía que sería necesaria una renegociación dada la magnitud de la tragedia.

Según Lula, la Unión hizo posible el acuerdo. 

"Habían pasado casi ocho años desde que asumimos el cargo, cuando la gente estaba siendo engañada y había perdido la fe y la esperanza de que las cosas pasaran. Y también porque había gente prometiendo cosas que no sucedieron", recordó.

"Pero cuando aprendemos a negociar y a asumir la responsabilidad, llega un momento en que tenemos que decidir, llega un momento en que tenemos que elegir. O me quedo con el pájaro que tengo en la mano, o intento atrapar dos y no me quedo con ninguno. Y entendimos que el acuerdo, si bien no era extraordinario desde el punto de vista del mérito de sus víctimas, era un acuerdo excepcional, porque fue un acuerdo alcanzado después de muchas discusiones, muchas reuniones y muchas disputas", dijo Lula.

Bajo la responsabilidad de la Unión, por ejemplo, se invertirán cerca de R$12 mil millones en el sector salud. Según el ministro de Salud, Alexandre Padilha, se invertirán R$3.6 mil millones en los próximos años, y R$9 mil millones permanecerán en el fondo para generar ingresos destinados a gastos operativos.

En el ámbito de la salud, construir un edificio, un hospital o una unidad de salud es un gran reto, pero el verdadero desafío reside en contratar a los profesionales, los insumos, los medicamentos: la llamada financiación continua. Y estos R$9 mil millones son un apoyo permanente para las generaciones actuales y futuras, garantizando que no falten recursos para mantener el hospital en funcionamiento permanente y contratar profesionales; es una garantía para el futuro», afirmó.

“Usted [presidente Lula] sacó a Renova del plan y, en salud, puso el SUS de nuestro país, en concertación con estados y municipios y con control social”, recordó Padilha. 

El nuevo acuerdo también supuso la disolución de la Fundación Renova, entidad creada en 2016 para gestionar el proceso de reparaciones, pero que había sido objeto de críticas generalizadas por su falta de soluciones. La acumulación de demandas en el poder judicial brasileño, incluyendo demandas colectivas e individuales, relacionadas con la tragedia alcanzó las 85.000.

La tragedia humana y ambiental en Mariana se produjo con el colapso de la presa de relaves mineros administrada por Samarco, empresa controlada por la minera brasileña Vale y la angloaustraliana BHP Billiton. El distrito de Bento Rodrigues quedó completamente destruido por el lodo. Diecinueve personas murieron, tres siguen desaparecidas y 600 quedaron sin hogar.

Aproximadamente 40 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos fueron vertidos al medio ambiente, afectando a 49 municipios de Minas Gerais y Espírito Santo. Los lodos recorrieron 663 kilómetros por la cuenca del Río Doce, llegando al mar frente a la costa de Espírito Santo.

Participación social

Durante el evento, la Secretaría General de la Presidencia también juramentó a los miembros del Consejo Federal de Participación Social de la Cuenca del Río Doce y Litoral Norte de Espírito Santo (CFPS Río Doce). El consejo, compuesto por 36 miembros, será responsable de supervisar las obligaciones del gobierno federal en virtud del acuerdo judicial para las reparaciones relacionadas con el colapso de la presa y de definir los criterios para la asignación de recursos del Fondo de Participación Social.

Este fondo cuenta con R$ 5 mil millones asegurados  para las necesidades de las comunidades afectadas, utilizados en acciones relacionadas con la economía popular y solidaria, la seguridad alimentaria y nutricional, la educación popular, las tecnologías sociales y ambientales, la promoción del deporte y el ocio, las culturas y los medios de comunicación locales y la defensa de la tierra y el territorio.

Lula destacó la importancia de controlar las acciones a desarrollar. 

"Ahora somos nosotros, el Gobierno, y ustedes, los vecinos de la región, quienes nos hacemos cargo de los recursos, y debemos aplicarlos de la mejor manera posible, sin permitir ninguna malversación o retraso de ese dinero", afirmó.

Para agosto, el gobierno había recibido solicitudes de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil con reconocida participación en las poblaciones afectadas mediante una convocatoria pública. Cuatro organizaciones fueron seleccionadas como miembros titulares y cuatro como miembros suplentes, distribuidos equitativamente entre entidades de Minas Gerais y Espírito Santo. Cumplirán mandatos de dos años.

Las entidades seleccionadas fueron:

Movimiento de Personas Afectadas por Represas (MAB-MG)
Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST)
Foro Permanente en Defensa de la Cuenca del Río Doce
Asociación de Pescadores Instituto Terra Jacaraípe
Federación de Trabajadores Rurales y Agricultores Familiares del Estado de Espírito Santo (FETAES)
Mitra Diocesana de Colatina
Movimiento de Personas Afectadas por Represas (MAB-ES)

También se seleccionaron veinticinco representantes de la sociedad civil, incluyendo miembros titulares y suplentes de los territorios de la Cuenca del Río Doce y la Costa Norte de Espírito Santo, así como miembros de comunidades quilombolas y pueblos tradicionales. El consejo también estará compuesto por 18 representantes de los ministerios con responsabilidad directa. Las reuniones se realizarán presencialmente y en los propios territorios. 

La orden de instalación con la lista de integrantes fue publicada este jueves (25) en el Diario Oficial de la Unión .

El representante del Movimiento de Afectados por Represas, Heider Boza, destacó la responsabilidad del grupo frente al plan de recuperación, desarrollo y reparación de la Cuenca del Río Doce. 

Criticamos duramente el proceso anterior, liderado por empresas y la Fundación Renova, que no funcionó. Y ahora, aun con las limitaciones que enfrentamos, todos juntos —sociedad civil, afectados y gobierno— tenemos el reto de hacerlo funcionar —dijo—.

"Tenemos que hacer que los proyectos lleguen a las comunidades, llegar a ellas de forma que los afectados puedan acceder a ellos dentro de su realidad, fortalecer las organizaciones sociales, fortalecer la soberanía brasileña y centrarnos no sólo en los números, en los resultados que vemos en el papel, sino en la realidad", añadió.

Comportamiento

De los R$1.600 millones destinados a iniciativas de salud, R$825,7 millones se destinarán a 38 municipios de Minas Gerais y diez de Espírito Santo, con base en un Plan de Acción de Salud elaborado por las administraciones locales. De este monto, R$562,6 millones se transferirán este año y R$263 millones en 2026.

Se prevén 51 Unidades Básicas de Salud (UBS) en 37 municipios; 34 Centros de Atención Psicosocial (CAPS) en 34 municipios; ocho policlínicos en siete municipios; y 11 Unidades de Atención de Urgencia (UPA) en 11 municipios.

El Ministerio de Salud invertirá directamente R$745 millones adicionales en la construcción de hospitales, unidades móviles de salud y odontología, así como en la adquisición de vehículos y ambulancias. Estos fondos también se utilizarán para construir tres unidades de referencia para el tratamiento de personas expuestas a sustancias tóxicas y una unidad para el monitoreo de la calidad del agua y la respuesta a los riesgos relacionados con el consumo.

Agencia Brasil