Tribunal Constitucional suspende indagatoria contra Boluarte

El máximo tribunal de garantías de Perú declaró así fundada la demanda presentada por el Gobierno que sostenía que la persona que ejerza la Presidencia solo pueda ser investigada durante su mandato por los mismos delitos establecidos en el artículo 117, que permite destituir al jefe o jefa de Estado por traición a la patria, disolver el Congreso (Parlamento) indebidamente o impedir elecciones.

Actualmente Boluarte enfrenta numerosas investigaciones en la Fiscalía por las muertes de al menos de 59 personas durante la ola de protestas acontecida tras su llegada al poder, luego de la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado, además de otras indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos.

Una baja aceptación

La mandataria, que se encuentra en su último año de mandato como la gobernante más impopular de Latinoamérica al registrar apenas un 3 % de aceptación según varias encuestas, se encuentra también investigada por el caso ‘Rolexgate’ por haber recibido presuntamente sobornos en forma de regalos de lujo.

Asimismo, Boluarte enfrenta indagaciones por no haber informado públicamente de que estaría temporalmente incapacitada al someterse a una serie de cirugías estéticas y supuestamente haberse falsificado su firma en documentos oficiales durante su estancia en la clínica.

También es investigada por presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido de corte marxista Perú Libre con el que Boluarte fue elegida vicepresidenta dentro de la candidatura presidencial de Castillo. Cerrón se encuentra prófugo y el automóvil presidencial fue captado cerca de una residencia donde se sospecha que estuvo el prófugo político.

Investigaciones quedan congeladas

De acuerdo a esta sentencia del Tribunal Constitucional, todos estos expedientes fiscales deben quedar congelados hasta que Boluarte termine su mandato el próximo 28 de julio de 2026 y ceda el sillón presidencial al ganador o ganador de las elecciones que se celebrarán en la primera mitad del próximo año.

«Se protege la institución presidencial de toda intromisión o perturbación que incida sobre el desempeño regular del cargo», sostuvo el tribunal en su sentencia, adoptada con cinco votos de un total de siete magistrados.

Los jueces consideraron además que «tampoco resulta de recibo la adopción de medidas judiciales que puedan entorpecer el adecuado ejercicio de la atribución para dirigir la política general de gobierno y las demás competencias y atribuciones derivadas de las distintas jefaturas presidenciales que ejerce».

«Es oportuno reiterar que la finalidad del régimen especial en comentario no es la protección de la persona que ocupa o desempeña el cargo, sino la autoridad inherente a la alta función pública del titular de la Presidencia de la República», añadieron.

Dentro de las investigaciones del ‘Rolexgate’, tanto la vivienda personal de Boluarte como las dependencias de la Presidencia fueron registradas con el objetivo de hallar los indicios y pruebas que permitiesen sustentar una acusación por corrupción contra la presidenta.

Denuncias bloqueadas en el Congreso

Hasta el momento, la Fiscalía había proseguido las investigaciones, si bien para formalizar la acusación debía obtener el beneplácito del Congreso para que se le levantase la inmunidad, por tratarse de una autoridad con fuero.

Todas las denuncias presentadas por el Ministerio Público al Congreso habían sido archivadas por el Legislativo, donde un conjunto de fuerzas conservadoras, la mayoría de derecha, han sostenido a Boluarte en el poder frente a las distintas denuncias que enfrenta.

El lunes en la noche, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, había asegurado en declaraciones al Canal N que la decisión de este estamento no se basaba en la persona de Boluarte, sino que estaba pensada para cualquier que ejerciese la Presidencia de Perú.

Precisamente, las investigaciones por presunta corrupción iniciadas contra Castillo (2021-2022) condujeron a que el mandatario tratara sin éxito de realizar un golpe de Estado al ordenar inconstitucionalmente la disolución del Congreso cuando este planeaba votar una moción para destituirlo.

Bajo las directrices de esta sentencia del Tribunal Constitucional, Castillo hubiera seguido en el poder sin poder ser investigado pese a los indicios de corrupción en su administración que lo implicaban incluso directamente a él. EFE