EE.UU. sanciona al juez del Supremo de Brasil que impuso medidas cautelares al expresidente Jair Bolsonaro
El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado que las sanciones se enmarcan en la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Se trata de una nueva medida de presión por parte de la Administración de Donald Trump, aliada de Bolsonaro (2019-2022), que el pasado 18 de julio ya revocó el visado a De Moraes y le prohibió entrar a territorio estadounidense.
Las nuevas sanciones bloquean los posibles bienes y propiedades del magistrado en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
EE.UU. ve una violación a los derechos humanos de Bolsonaro en Brasil
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó en un comunicado a De Moraes de ser «el responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluido contra el expresidente Jair Bolsonaro».
Bessent advirtió además que Estados Unidos «seguirá exigiendo responsabilidades a quienes amenacen los intereses estadounidenses y las libertades de nuestros ciudadanos”.
El anuncio del Tesoro se produce después de que De Moraes impusiera varias medidas cautelares a Bolsonaro, como el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales o un toque de queda nocturno.
Bolsonaro, muy cercano a Trump, está acusado de liderar, junto con varios de sus colaboradores, entre ellos antiguos ministros y militares de alto rango, un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022, que ganó Luiz Inácio Lula da Silva.
El férreo apoyo de Trump causa tensión
Trump, que ha calificado de «cacería de brujas» el proceso judicial contra Bolsonaro, anunció aranceles del 50 % sobre Brasil como medida de presión.
Por su parte, Lula ha respondido reafirmando la soberanía nacional y advirtiendo sobre posibles represalias comerciales.
Este no es el único caso reciente en el que Washington se ha involucrado en procesos judiciales en América Latina: también condenó el fallo contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.