Un grave desastre ambiental dejó a cientos de familias sin agua potable mientras cuestiona el modelo extractivista que prioriza ganancias sobre los derechos humanos y ambientales en la provincia de Esmeraldas, al noroeste de Ecuador.
America Latina16 de marzo de 2025
Redacción
La fractura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) provocada por un deslizamiento de tierra la madrugada del 13 de marzo desencadenó una emergencia sin precedentes en Esmeraldas.
El crudo se extendió rápidamente por el río Esmeraldas, contaminando la principal fuente hídrica para miles de personas y dejando al descubierto las profundas desigualdades que afectan principalmente a comunidades afrodescendientes.
Petroecuador, empresa estatal responsable del oleoducto, confirmó la suspensión del bombeo de 360.000 barriles diarios, aunque el verdadero impacto trasciende las pérdidas económicas. Al menos 800 familias, mayoritariamente afroecuatorianas y negras, enfrentan una severa escasez de agua potable después de que el alcalde Vilko Villacís ordenara suspender el suministro desde el río contaminado.
«Estamos ante daños sin precedentes. La contaminación es imparable«, advirtió el burgomaestre mientras residentes de El Vergel y comunidades aledañas reportan cómo el petróleo ha manchado cultivos, pozos y hasta recipientes usados para recolectar agua de lluvia.
El impacto ecológico resulta devastador para un ecosistema que conecta la Amazonía con el Pacífico. Biólogos advierten que los hidrocarburos asfixiarán la vida acuática, envenenarán microorganismos esenciales y contaminarán los suelos durante décadas. Para los pescadores locales, la crisis es inmediata.
La emergencia revela fracturas históricas más profundas. El cantón Esmeraldas, donde el 70 por ciento de la población es afrodescendiente, arrastra décadas de abandono gubernamental, carece de sistemas para prevenir deslizamientos, infraestructura de tratamiento de agua y cuenta con hospitales sobrecargados.
«El petróleo sale de estos territorios, pero aquí no hay escuelas dignas ni caminos», denuncian los dirigentes comunitarios de estas zonas. Activistas señalan que esta vulnerabilidad no es casual sino el resultado de un modelo que concentra la explotación de recursos en zonas empobrecidas mientras ignora sus necesidades básicas.
Las críticas a la respuesta estatal aumentan mientras el Comité de Operaciones de Emergencia distribuye agua en camiones cisterna y Petroecuador implementa protocolos de mitigación. Organizaciones como la Alianza de Derechos Humanos de Esmeraldas denuncian una respuesta gubernamental lenta e ineficaz.
La desconfianza está justificada luego de que en 2020 tres derrames en el SOTE ya habían contaminado la zona y las promesas de reparación quedaron incumplidas.
El incidente reaviva el debate nacional sobre el modelo extractivista. Ecuador, cuarto productor de petróleo en Latinoamérica, depende de los hidrocarburos para financiar servicios públicos y deuda externa. Sin embargo, este derrame intensifica el conflicto entre el extractivismo y los derechos de la naturaleza, reconocidos constitucionalmente desde 2008.
En las riberas contaminadas del río Esmeraldas, las familias afrodescendientes, históricamente marginadas, ahora cargan con el miedo a enfermedades, la pérdida de sustento y un futuro incierto sin agua limpia. Este desastre evidencia que en Ecuador la justicia ambiental sigue siendo un privilegio, no un derecho universal.
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