Boric sobre Trump y su guerra comercial: «La ley del más fuerte tiene las patas cortas»

«Si es que se impusieran aranceles al cobre, sería una muy mala noticia, primero para los habitantes de Estados Unidos, porque no tienen como reemplazarlo de un día para otro, pero efectivamente sería un golpe a Chile», reconoció el gobernante.

El país austral, que es el mayor productor de cobre del mundo, exportó en 2024 más de 50.800 millones de dólares de este material esencial, principalmente hacia China (51,3 %), Estados Unidos (11,3 %) y Japón (11,1 %), de acuerdo con el Banco Central chileno.

Bajo la premisa de la seguridad nacional, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 25 de febrero el inicio de una investigación para determinar si la alta dependencia de las importaciones de cobre representa un riesgo para su país y, en caso afirmativo, tomar medidas para restringirlas.

Trump ya impuso esta misma semana aranceles del 25 % a todas la importaciones de acero y aluminio con el objetivo de reactivar la industria nacional.

«Hemos visto la irracionalidad con la que se toman decisiones en este momento allá (en Estados Unidos). Hay que estar preparados para eso, pero lo que no vamos a hacer es ir a rendir pleitesía ni pedir por favor que no lo hagan», enfatizó Boric, quien creó a finales de enero una comisión interministerial para dar seguimiento a la guerra comercial desatada por Trump.

Un circo de sorpresas

Chile envió el pasado año 5.600 millones de dólares de cobre a Estados Unidos, que ingresaron al mercado norteamericano con un arancel del 0 % en virtud del tratado de libre comercio (TLC) vigente entre ambos países desde 2003.

El mandatario chileno indicó que su Gobierno ya está buscando compradores de cobre alternativos a Estados Unidos y que en los próximos meses viajará con ese objetivo a India y Japón. «No podemos poner todos los huevos en una misma canasta», recalcó.

«Nosotros lo que queremos es que se respeten los acuerdos internacionales que tenemos firmados y, si no, vamos a recurrir a todas las instancias multilaterales que estén a nuestro alcance», advirtió Boric, quien alabó la manera «tremendamente digna» con la que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, está lidiando con la guerra comercial.

También dijo que comparte «tanto las declaraciones como las respuestas de la Unión Europea» -que esta semana aplicó aranceles por valor de 26.000 millones de euros como réplica a los «injustificados» aranceles al acero y aluminio-, sostuvo que la política no puede ser «un circo de sorpresas» y agregó que ésta solo «es buena cuando es predecible».

«Creo que la ley del más fuerte (en referencia a Trump) tiene patas cortas. Puede generar mucho daño, lo han dicho en todas partes, pero (la guerra comercial) no es sostenible», añadió.

Proteger la Antártida frente a la explotación

Sobre la posibilidad de que Trump ponga sus ojos en la Antártica por su enorme riqueza en materias primas, al igual que lo ha hecho con Groelandia, Boric recordó que el tratado que rige el continente helado desde 1959 establece que ningún país es propietario del territorio y que cualquier explotación está prohibida.

«La política de Estado de Chile es proteger a la Antártica como territorio de ciencia y de paz, y no hacer del continente una competencia por reventar los recursos naturales», resaltó. 

Boric es uno de los presidentes chilenos que más veces ha viajado a la Antártica -en enero se convirtió en el primero en llegar al Polo Sur- y reiteradamente insta a la comunidad internacional a protegerlo, ya que es un «muro de defensa» contra la emergencia climática y reserva de las tres cuartas partes del agua dulce del planeta.

«Mientras esté en la vida pública voy a defender la Antártica, porque además es un gran regulador del clima mundial. Lo que pasa en la Antártica no se queda en la Antártica y es importante que todo el mundo lo entienda», concluyó.

Sobre el territorio antártico y sus supuestos tesoros mineros, en los que también tiene puestos sus ojos China, pende la amenaza de una posible reforma del tratado que lo regula, ya que a partir de 2048, cualquiera de los 29 Estados que son partes consultivas del pacto podrá solicitar su revisión. EFE