La jornada de protesta universitaria de este jueves 15 de octubre volvió a exponer la fractura profunda entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios. Con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en los principales centros urbanos del país, la Quinta Marcha Federal Universitaria combinó un masivo respaldo en las calles con un escenario de alta tensión política. El trasfondo del conflicto se mantiene inalterado, el congelamiento presupuestario para gastos de funcionamiento e investigación, la pérdida salarial de docentes y no docentes frente a la inflación y el rechazo a la negativa del Ejecutivo nacional de garantizar los fondos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.
En San Miguel de Tucumán, la convocatoria estuvo encabezada por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), gremios docentes nucleados en ADIUNT, personal no docente y centros de estudiantes. La concentración se inició pasadas las 17:00 frente a la sede del Rectorado, en calle Ayacucho al 400, para luego marchar por el microcentro hasta la Plaza Independencia. La columna sumó miles de personas a lo largo de su recorrido, con un fuerte peso de las facultades del Centro Herrera y del Parque 9 de Julio, además de las escuelas experimentales. El gremio docente llegó a esta instancia acumulando 45 días de huelga a lo largo del año académico. En la provincia la manifestación se desarrolló de forma pacífica, sin disturbios ni intervención de las fuerzas de seguridad locales, concluyendo frente a Casa de Gobierno con la lectura de un documento que apuntó contra el recorte presupuestario de la Nación y deslizó cuestionamientos hacia el posicionamiento de los legisladores alineados con el Ejecutivo provincial.
Durante el trayecto y la posterior concentración frente a Casa de Gobierno, los discursos de los representantes universitarios marcaron una línea técnica y política precisa. El rector Mohamed remarcó que la movilización condensó un esquema de acciones coordinadas en facultades, escuelas experimentales e instituciones de educación superior de todo el noroeste argentino para exigir que se cumpla la ley. En sintonía, la secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT, Mónica Tirado, advirtió sobre la urgencia del financiamiento para sostener la soberanía y el trabajo de la comunidad científica, subrayando que las normas emanadas del parlamento son de aplicación obligatoria para el Poder Ejecutivo. La protesta provincial transcurrió de manera pacífica, sin disturbios ni intervención represiva de las fuerzas de seguridad locales, cerrando con la lectura de un documento que apuntó directo contra el recorte presupuestario de la Nación y deslizó cuestionamientos hacia el posicionamiento de los legisladores alineados con el Ejecutivo provincial.
El panorama en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo un desenlace completamente opuesto. Miles de manifestantes, columnas sindicales y delegaciones estudiantiles colmaron las adyacencias del Congreso de la Nación desde el mediodía. A media tarde, efectivos de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad desplegaron el protocolo antipiquetes cuando un sector intentó avanzar sobre la calzada. El operativo incluyó el avance de camiones hidrantes, motocicletas, disparos con postas de goma y gases lacrimógenos. Se registraron más de 30 demorados e imputados por resistencia a la autoridad, incluidos menores de edad, varios manifestantes atendidos por intoxicación y heridas, y al menos dos fotoperiodistas alcanzados por impactos de postas de goma. Mientras el Ministerio de Seguridad justificó el accionar alegando agresiones hacia el cordón policial y daños al espacio público, las organizaciones convocantes denunciaron un uso desmedido de la fuerza sobre una protesta legítima.
El conflicto universitario expone un dilema operativo real para las universidades públicas. Con salarios docentes ubicados en su mayoría por debajo de la línea de pobreza y un presupuesto que acumula una caída real cercana al 25% respecto a ejercicios previos, el margen de funcionamiento administrativo y académico se agota. La postura inflexible de la Casa Rosada y la alineación pragmática de gobernadores que negociaron apoyos legislativos sitúan a la UNT en un escenario de asfixia económica que anticipa una profundización de las medidas de fuerza en lo que resta del ciclo lectivo.
