

Una polémica envolvió al espacio libertario en Tucumán tras la presentación de una denuncia penal en la Justicia federal contra dos de sus principales referentes provinciales: el presidente de La Libertad Avanza (LLA) en el distrito y ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el diputado nacional Federico Pelli.
La acusación fue radicada por el concejal del municipio de Yerba Buena, Dante Mauricio Argiró, quien imputó a los dirigentes de Javier Milei por la presunta comisión de delitos de orden electoral, abuso de autoridad y mal desempeño de funcionario público.
Según argumentó el edil, los dirigentes habrían violado el Código Electoral Nacional al "falsificar su domicilio con fines electorales", incumpliendo con la normativa de residencia efectiva mínima de dos años. Por ello, solicitó la inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos de ambos.
Ante esta denuncia judicial, Catalán y Pelli brindaron una conferencia de prensa en la que rechazaron los cargos y atribuyeron la situación a una maniobra política orquestada por el diputado nacional Mariano Campero, referente radical aliado al oficialismo nacional que se integró a la bancada libertaria.
Catalán calificó el embate como "un ejemplo de cómo funciona esa oposición servil" y señaló que el concejal denunciante responde a Campero, ex intendente de Yerba Buena.
Por su parte, Pelli afirmó que la medida busca "dinamitar a la oposición" local y defendió su radicación en el municipio tucumano. El cruce dejó al descubierto las crecientes tensiones internas entre la conducción orgánica de LLA en la provincia y los sectores aliados al Gobierno nacional.
"Hace mucho tiempo que vengo sufriendo agravios de todo tipo, y todas las semanas, cuando vengo a Tucumán y tengo que dejar mi familia... estoy acá porque quiero, porque siento la responsabilidad de hacerlo", dijo Catalán con lágrimas en los ojos en un programa de TV de la provincia.


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