Guatemala: reemplazan a fiscal sancionada Consuelo Porras

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo , eligió el martes (05.05.2026) al abogado Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

La decisión, trascendental para la lucha contra la corrupción durante los próximos años en el país centroamericano, fue anunciada por el mandatario en un mensaje a la nación donde dijo que espera que "este sea el inicio de una nueva etapa de justicia" en Guatemala.

Arévalo se inclinó por García Luna de un listado de seis abogados compuesto también por Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

Arévalo: "Contar con personas íntegras"

"Esta decisión la he tomado guiado por la convicción que tengo como presidente de la necesidad imperiosa de contar con personas íntegras al frente de nuestras instituciones", expuso el gobernante.

"El Ministerio Público recibe una nueva autoridad que no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno ni a intereses políticos particulares o espurios", añadió.

El nuevo jefe del Ministerio Público tomará posesión el próximo 17 de mayo en reemplazo de Porras, quien estuvo en el cargo por ocho años desde 2018, marcados por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que la acusaron de socavar la democracia al intentar derribar los resultados electorales de 2023 y también bajo acusaciones de corrupción en casos de alto impacto.

"Es el momento de dejar atrás ese pasado. Al doctor García Luna le deseo claridad, firmeza y serenidad para asumir la responsabilidad que recibe", apostilló Arévalo.

García Luna empezó su carrera dentro del Organismo Judicial hace 29 años, en 1997, como oficial y secretario de juzgados, para después pasar a ser juez de paz, de primera instancia y magistrado de Sala en el área penal.

Graduado de la universidad Rafael Landívar (privada) y doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos (estatal), su perfil como juez se complementa con su experiencia docente al impartir clases de licenciatura y maestría en ambas casas de estudio.

Ha colaborado como instructor en la Escuela de Estudios Judiciales en el área de Derecho Penal; fue presidente de la Junta de Disciplina Judicial y  asesor de la Procuraduría General de la Nación.

El listado de seis candidatos finales fue concretado por una comisión de Postulación, como establece la ley guatemalteca, de casi 80 aspirantes, en un proceso criticado por organizaciones sociales debido a que no se tomó en cuenta como válida la experiencia de quienes han sido jueces, lo que provocó el descarte de varios candidatos.

gs (efe, Prensa Libre) DW