El Senado avanzará este miércoles en el debate del proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el gobierno de Milei. La iniciativa se discutirá en un plenario conjunto de las comisiones de Salud y de Legislación General, que preside la senadora libertaria Nadia Márquez.
El punto central es la flexibilización de las internaciones involuntarias. La ley vigente, sancionada en 2010, permite internar a alguien ante un "riesgo cierto e inminente". El proyecto reemplaza ese concepto por "situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física", lo que el Ejecutivo presenta como una actualización necesaria. Pero para los especialistas, el cambio no es semántico.
La psicóloga Carla Andrea Pereyra, integrante de la Red de Psicólogos y Fundación Enjambre, advirtió al medio cordobés Hoy Día Córdoba que asociar los padecimientos psíquicos a la peligrosidad puede generar más internaciones, más victimización y una pérdida de derechos, y lo calificó como una vuelta al modelo manicomial que la ley de 2010 buscó desmantelar.
La reforma también concentra poder en los psiquiatras: establece que los equipos deben ser interdisciplinarios pero exige la presencia obligatoria de un médico psiquiatra con mayor peso en diagnósticos, tratamientos e internaciones. Eso genera un problema práctico.
Alberto Trimboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental, lo planteó sin rodeos en diálogo con Punto a Punto Radio: "Hay lugares donde no hay psiquiatras. En una crisis, si no hay quién firme, nadie podría internar." Sobre el financiamiento, el diagnóstico es contundente. Según un análisis de la ACIJ relevado por Chequeado, la inversión prevista para 2026 representaría apenas el 1,42% del presupuesto total de la función salud, y en los últimos diez años ese porcentaje nunca superó el 2,66%, muy lejos del 10% que obliga la ley actual.
La reforma, según denuncian organizaciones del sector, eliminaría esa obligación. El cambio de terminología suma otro frente de conflicto. El proyecto reemplaza el concepto de "padecimiento mental" por la clasificación de trastornos psiquiátricos del CIE-11.
Según advirtió Trimboli a Perfil, eso limitaría la cobertura a diagnósticos formales y dejaría afuera a personas que atraviesan duelos o crisis emocionales, quienes tendrían que costear atención privada. Para el autor de la ley vigente, el problema no está en el texto sino en su incumplimiento.
Leonardo Gorbacz dijo a Chequeado que lo que hay es una grave crisis por el aumento en los problemas de salud mental, pero que para asistir esos casos hacen falta más profesionales y más hospitales con centros de salud mental, no una reforma normativa.
El rechazo no se limita al campo académico. Según informó Trimboli, 18 provincias manifestaron su oposición al proyecto tras una reunión con autoridades nacionales.
