RedacciónLos Organismos de Derechos Humanos de Tucumán emitieron un comunicado público tras conocerse las renuncias de Mario Racedo, titular de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Justicia, y de Pablo Vega Coronel, subsecretario del área, en el gobierno de Osvaldo Jaldo.
El texto reconoce la gestión de ambos funcionarios, en particular por el trabajo desarrollado en torno a los 50 aniversarios del Operativo Independencia —1975— y del golpe de Estado cívico-militar de 1976. Sin embargo, el eje del comunicado no es la despedida: es la advertencia.
Los organismos enumeran cinco líneas de trabajo que consideran inconclusas y que exigen continuidad. Entre ellas, el proyecto de preservación del Sitio de Memoria Arsenal Miguel de Azcuénaga, elaborado junto a la Facultad de Arquitectura de la UNT; la puesta en marcha de una comisión mixta entre la Legislatura, la Secretaría y organizaciones civiles para fortalecer la memoria colectiva; y una propuesta para que el Pozo de Vargas sea declarado Espacio de Memoria una vez finalizadas las tareas de extracción de restos.
También reclaman que se garantice el funcionamiento de La Escuelita de Famaillá —único Espacio de Memoria de la provincia y del NOA— con personal y recursos suficientes, y que se incorporen contenidos de historia reciente en las escuelas tucumanas.
El mensaje a quienes asuman la conducción de la Secretaría es directo: deberán sostener el legado de Memoria, Verdad y Justicia.
El comunicado lleva las firmas de Andhes, la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán, HIJOS Tucumán, Liberpueblo, la Liga Argentina por los DDHH, la Mesa de Consenso de La Escuelita de Famaillá, la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, la Cátedra Libre de DDHH de la Facultad de Filosofía y Letras, y otras organizaciones de la provincia.
