RedacciónEl Gobierno ecuatoriano extiende la aplicación del estado de excepción, que ya suma 835 días desde 2023, como mecanismo central de su estrategia para confrontar la crisis de seguridad que atraviesa el país. La medida habilita el despliegue de fuerzas armadas en labores de orden interno, limita garantías constitucionales y establece toques de queda en zonas específicas.
Un nuevo toque de queda regirá del 3 al 18 de mayo, entre las 23:00 y las 05:00 de la mañana hora local, en siete provincias: Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha, esta última sede de Quito, la capital.
Durante 2025, más de 200 personas fallecieron de manera violenta en centros de privación de libertad, donde el hacinamiento supera el 30 por ciento de la capacidad. De las más de 31.000 personas recluidas, menos del 20 por ciento tiene acceso a programas de rehabilitación, mientras persisten deficiencias en servicios básicos como agua, salud y alimentación.
Ecuador cerró 2025 como el año más violento de su historia, con cerca de 9.000 homicidios y una tasa de 45 por cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas de Latinoamérica. En los primeros meses de 2026, la tendencia se mantiene, sobre todo en la región costera. Las autoridades reconocen la operación de al menos 22 organizaciones criminales, varias con vínculos transnacionales y presencia dentro de las cárceles.
Frente a las nuevas restricciones, sectores empresariales advierten impactos negativos en transporte, turismo, gastronomía y comercio nocturno, particularmente en Guayaquil y Quito. A pesar de las observaciones, el Ejecutivo sostiene la medida como parte de su política de seguridad, en un escenario donde la violencia y la crisis carcelaria no muestran señales de disminución sostenida.
Ecuador enfrenta una crisis de desplazamiento forzado interno por el aumento de la violencia de bandas criminales, sobre todo en Guayaquil, la ciudad con más habitantes del país, familias completas se han visto obligadas a abandonar sus vecindarios para protegerse. TeleSur
«El desplazamiento interno forzado por violencia se ha convertido en un fenómeno masivo y sostenido en Ecuador, que ya no puede seguir siendo invisibilizado ni tratado como un efecto colateral de la inseguridad«, indicó el informe, creado por el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH).
