RedacciónNo se reveló el nombre de la víctima. La indemnización se fijó en R$ 300.000, cantidad que se repartirá entre el estado y el gobierno federal.
Según los jueces, la responsabilidad objetiva del Estado quedó demostrada mediante documentos oficiales y testimonios de testigos que evidenciaban que agentes estatales participaron en torturas y detenciones ilegales.
“Los daños morales comprobados resultaron de la conducta de los agentes de policía del Departamento de Orden Político y Social (DOPS), en ese entonces funcionarios públicos del Estado de São Paulo, y del propio régimen militar, que facilitó la comisión de toda una serie de actos arbitrarios, privaciones, segregaciones y violencia física y moral contra el demandante”, escribió el juez federal Paulo Alberto Sarno, relator de la sentencia.
Según el caso, la estudiante universitaria vivía en una residencia estudiantil de la Universidad de São Paulo (USP). Entre 1968 y 1971, fue arrestada y torturada, recibiendo descargas eléctricas e incluso una inyección de éter en el pie.
"Los daños morales sufridos por la apelada son evidentes, corroborados por el dolor experimentado debido a la restricción de su libertad en condiciones de extrema violencia, persecución policial, expulsión forzosa de su hogar, su país, su familia y amigos, y la pérdida de su empleo por razones políticas e ideológicas", declaró el relator.
Agencia Brasil
