Cristina Kirchner calificó el proceso como una "farsa procesal" y señaló que, tras tramitarse habitualmente vía Zoom, la exigencia de presencialidad responde a una "exigencia mediática". Según la ex vicepresidenta, el objetivo de los jueces es facilitar la captura de imágenes para portadas de diarios y televisión, bajo la premisa de que "el show debe continuar".
Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 16, 2026
El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es…
"La foto que se puede capturar desde la pantalla de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele", fustigó respecto a la citación prevista para este martes a las 9 de la mañana.
Críticas al modelo económico
En su descargo, la exmandataria sostuvo que el despliegue judicial intenta "ocultar el nuevo paisaje nacional" generado por las políticas de Javier Milei. En este sentido, enumeró una serie de indicadores que describen la crisis social:
Cierre y toma de fábricas con despidos de obreros.
Inflación persistente superior a los dos puntos mensuales.
Salarios en caída libre y niveles de mora bancaria similares al final de la convertibilidad.
Aumento de la gente en situación de calle y dificultades para el acceso a productos básicos como la carne.
Kirchner definió la situación actual como una "catástrofe social y económica" y tildó a la gestión de Milei como el "cuarto desgobierno neoliberal" en el país.
Denuncia por la causa Libra
Finalmente, la ex presidenta dirigió sus dardos directamente contra la figura del actual Presidente en relación con la causa Libra. Denunció la existencia de pruebas sobre una presunta estafa y acusó al fiscal Eduardo Taiano de "cajonear" el expediente en Comodoro Py.
Según lo expresado por Kirchner, Milei —a quien ironizó citando su frase sobre "la moral como política de Estado"— habría pactado una suma de 5 millones de dólares en el marco de dicha causa, cuya investigación reclama que sea reactivada.
