RedacciónCon 53 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, los diputados paraguayos aprobaron el llamado acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés), con lo que el Congreso completó su ratificación tras la aprobación del Senado la semana pasada.
El tratado fue firmado el 15 de diciembre de 2025 en Washington y regula la presencia en Paraguay de militares estadounidenses, empleados civiles del Departamento de Defensa y contratistas vinculados a actividades acordadas entre ambos países, como ejercicios, entrenamientos, operaciones humanitarias u otras actividades.
"Necesitamos mejorar nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico y de seguridad de nuestros ciudadanos", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre.
El diputado liberal Adrián Billy Vaesken calificó de "antipatriota" la medida y advirtió de la posibilidad de que Washington construya una base militar en Paraguay, sostuvo.
La opositora Johanna Ortega afirmó que el acuerdo implica "la entrega de la soberanía", y criticó que eventuales delitos cometidos por personal estadounidense puedan ser juzgados fuera del país.
Uno de sus puntos centrales establece que ese personal gozará de privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los del personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas.
El acuerdo también dispone que Estados Unidos pueda tener jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en territorio paraguayo y prevé exenciones de impuestos y aranceles para equipos, suministros y tecnología vinculados a las actividades contempladas en el tratado.
El presidente paraguayo, Santiago Peña, fue uno de los 12 mandatarios de la región afines a Donald Trump que participaron el sábado en la cumbre "Escudo de las Américas".
Estados Unidos mantiene desde hace décadas programas de cooperación militar y de seguridad con Paraguay, que incluyen capacitación, donaciones de equipos y apoyo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En enero de 2026, Paraguay recibió un lote de armas y municiones enviado por Estados Unidos para entrenamiento militar.
En 2005, el Congreso autorizó el ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios conjuntos y misiones humanitarias y, al año siguiente, el gobierno de Nicanor Duarte anunció que no renovaría la inmunidad judicial concedida a esos militares.
El nuevo acuerdo, pendiente de promulgación, entrará en vigor una vez que ambos gobiernos completen sus procedimientos internos. AFP
