La media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados —lograda la semana pasada con 135 votos a favor— profundizó la fractura entre el oficialismo y la principal fuerza de oposición. A través de un documento titulado “Al Pueblo Trabajador”, el Partido Justicialista (PJ) calificó la iniciativa impulsada por Javier Milei como un "retroceso histórico" y un programa diseñado para "recortar derechos y consolidar salarios a la baja".
Más allá de la retórica política, el PJ fundamentó su rechazo con cifras que muestran un deterioro estructural del empleo en los últimos dos años. Según el informe difundido:
Pérdida de puestos: Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la Argentina registró 290.602 trabajadores formales menos.
Cierre de empresas: En el mismo período, desaparecieron 21.938 empleadores, lo que representa un promedio de casi 30 cierres de empresas por día.
Informalidad en ascenso: La tasa de trabajo no registrado saltó del 41,4% a fines de 2023 al 43,3% en el tercer trimestre de 2025.
"Detrás del discurso de la ‘libertad’ se esconde un programa que debilita la negociación colectiva y extiende la jornada laboral", reza el comunicado. El texto hace especial hincapié en que la reforma no es una "modernización", sino la implementación de la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI) convertida en ley.
La aprobación en Diputados no estuvo exenta de polémica interna. El PJ lanzó un dardo directo a los gobernadores y legisladores de extracción peronista que facilitaron el quórum o votaron a favor: "Un representante del Pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero: expresa otros intereses".
Este señalamiento ocurre tras el apoyo clave de bloques que responden a mandatarios como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes han mantenido una postura colaborativa con la Casa Rosada para garantizar la gobernabilidad y el flujo de recursos hacia sus provincias.
A pesar del triunfo legislativo del Gobierno, el proyecto debió regresar al Senado tras la eliminación en el recinto del polémico artículo 44, que pretendía reducir el pago de salarios durante las licencias por enfermedad.
Mientras el oficialismo confía en convertir la reforma en ley antes del 1° de marzo —fecha de la apertura de sesiones ordinarias—, el peronismo endurece su postura proponiendo una "modernización" alternativa. Esta agenda incluye:
Salario Mínimo acorde a la Canasta Básica.
Participación en las ganancias de las empresas.
Reducción de la jornada laboral y derecho a la desconexión digital.
"La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y también a quienes eligieron estar del lado equivocado", concluye el PJ, anticipando una batalla que, de sancionarse la ley, se trasladará inevitablemente a la Justicia y a la conflictividad en las calles.
