El presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró ayer jueves que vetará el llamado PL de Dosimetría . El texto prevé la reducción de las penas para los condenados por los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 y por el intento de golpe de Estado .
America Latina18 de diciembre de 2025
RedacciónQuienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos contra este país. El juicio ni siquiera ha terminado, todavía se están condenando personas y ya se están decidiendo reducir las penas. Quiero decirles que, con el debido respeto al Congreso Nacional, en cuanto llegue a mi escritorio, lo vetaré. Esto no es ningún secreto para nadie", declaró Lula.
"El Congreso tiene derecho a hacer cosas, yo tengo derecho a vetar, y ellos tienen derecho a revocar o no mi veto. Así se juega el juego", añadió en una entrevista con la prensa en el Palacio de Planalto.
El presidente argumentó además que es necesario "terminar este proceso" y también investigar a los financistas de los intentos de golpe.
“Debemos tomarnos muy en serio lo ocurrido el 8 de enero de 2023, y hay quienes quieren que lo olvidemos, pero no podemos olvidarlo. Porque si la democracia olvida la importancia que tiene para una nación, terminamos perdiendo la partida”, afirmó.
El miércoles pasado, en votación nominal, el Senado aprobó el Proyecto de Ley de Sentencias con 48 votos a favor y 25 en contra. El proyecto pasa ahora al Presidente para su aprobación.
El miércoles, los senadores aprobaron en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) el dictamen del senador Esperidião Amin (PP-SC), que reduce las penas de los condenados por actos golpistas, incluido el expresidente Jair Bolsonaro. Amin, quien apoya la amnistía, argumenta que la reducción de penas busca "pacificar el país". Quienes se oponen al proyecto afirman que no representa la voluntad del país y que fue diseñado para beneficiar a un grupo político que atacó la democracia.
El Proyecto de Ley de Sentencias establece que los delitos de tentativa de atentado contra el Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado, cuando se cometan en el mismo contexto, implican la aplicación de la pena más severa en lugar de la suma de ambas penas.
El proyecto se centra en un cambio en el cálculo de las penas, “calibrando las penas mínimas y máximas para cada tipo de delito, así como el método general de cálculo de las penas, reduciendo también el tiempo necesario para la progresión del régimen penitenciario cerrado al semiabierto o abierto”.
Los cambios podrían beneficiar a acusados como el expresidente Jair Bolsonaro, así como a las figuras militares Almir Garnier, excomandante de la Marina; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil; y Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI).
Este jueves, cuatro grupos parlamentarios de los partidos PT, PSB, PCdoB y PSOL en la Cámara de Diputados presentaron un recurso de mandamus ante el Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando la suspensión de la tramitación del proyecto de ley.
Este jueves por la mañana, Lula recibió a periodistas para un desayuno en el Palacio de Planalto, seguido de una conferencia de prensa. Le acompañan los ministros de Hacienda, Fernando Haddad; de la Casa Civil, Rui Costa; de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira; y de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva.
Agencia Brasil
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