RedacciónEn una sesión marcada por choques políticos entre el bloque de la Cuarta Transformación y la oposición conservadora, el Senado mexicano aprobó reformas clave a la Ley General de Salud que prohíben la producción, comercialización, importación y exportación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en todo el país.
El dictamen, respaldado por 76 votos a favor y 37 en contra, también veta toda forma de publicidad y promoción en medios impresos, digitales y audiovisuales, y fortalece la capacidad estatal para atender los riesgos sanitarios que estos productos representan, especialmente para niños y adolescentes. La reforma fue turnada al Ejecutivo para su promulgación.
Desde el pleno, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, recordó que el consumo de vapeadores se ha incrementado de forma acelerada entre la población joven, pese a que contienen nicotina y más de 200 sustancias tóxicas señaladas por la OMS, incluyendo metales pesados, compuestos cancerígenos y partículas ultrafinas capaces de dañar el tejido pulmonar.
“El Estado no invade la vida privada. Cumple su obligación de prevenir riesgos y proteger a la población vulnerable”, afirmó Huerta, subrayando que la medida no criminaliza a usuarios, sino a quienes alimentan el circuito comercial que llega a menores.
Mientras Morena y aliados defendían la decisión como un paso histórico en salud pública, la oposición desplegó una ofensiva discursiva en defensa del mercado de vapeo. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) aseguraron que la prohibición solo servirá para abrir espacio al crimen organizado, acusación que fue rápidamente desmontada por el oficialismo.
La panista Gina Gerardina Campuzano insistió en que la reforma sería un “cheque en blanco para el narcomenudeo”, afirmación que fue respondida desde el bloque mayoritario con el señalamiento de que el mercado ilícito ya existe y opera gracias a un marco normativo débil que esta reforma viene precisamente a ordenar.
Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano calificó la iniciativa como “confusa” y sin sustento técnico, mientras que el senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, aseguró que la prohibición incentivará la venta clandestina, ignorando que el consumo de tabaco —también prohibido para menores— no se erradica con la liberalización comercial.
Incluso, en un gesto extremo, la panista Mayuli Latifa Rodríguez propuso declarar a los cárteles como grupos terroristas, una postura que el oficialismo calificó como retórica desesperada y ajena al debate sanitario.
Ante los señalamientos opositores, Huerta recordó que la reforma no actúa sola, sino que va acompañada de refuerzo en la fiscalización, campañas de prevención dirigidas a jóvenes y programas de cesación basados en evidencia para adultos fumadores.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del PVEM, destacó que los vapeadores han logrado instalarse como una “epidemia silenciosa” gracias a su estrategia de sabores dulces y dispositivos llamativos que enmascaran su toxicidad. “Esta reforma no abre puertas al crimen, las cierra. Lo que hace es proteger la salud de nuestros jóvenes ante un mercado que actúa deliberadamente sobre ellos”, enfatizó.
Tras el rechazo de las reservas presentadas por la oposición, el Senado aprobó la minuta sin cambios, sellando una sesión tensa que incluyó intercambios verbales entre Marko Cortés y Miguel Ángel Yunes.
Con esta votación, México avanza hacia un marco sanitario más estricto y preventivo, alineado con las recomendaciones internacionales y con un enfoque centrado en el derecho a la salud frente a una industria que ha intentado normalizar el uso de dispositivos con alto riesgo para la población joven.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, cerró el periodo legislativo, aunque dejó abierta la posibilidad de convocar nuevamente antes del 15 de diciembre si surgiera alguna emergencia nacional. TeleSur
