Gobernadores exigen mejor distribución de los recursos federales

En un encuentro clave que refleja la creciente tensión entre las provincias y la Nación, culminó este lunes la cumbre de gobernadores en la sede alterna del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde participaron representantes de las 24 jurisdicciones. El foco de la reunión estuvo centrado en la distribución de los recursos nacionales, especialmente el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Lejos de alcanzar un consenso, los mandatarios firmaron un proyecto de ley conjunto para exigir una nueva fórmula de reparto.

La convocatoria —a diferencia de la realizada hace 20 días— surgió por iniciativa de los propios gobernadores, quienes se unieron frente a la falta de respuestas del Ejecutivo nacional. En representación de la Casa Rosada, participaron el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quienes escucharon las demandas y llevaron una contrapropuesta oficial.

Sin embargo, los gobernadores se retiraron disconformes. Aunque mantuvieron los canales de diálogo abiertos, elaboraron una propuesta legislativa con dos reclamos centrales: eliminar los fondos fiduciarios alimentados por el impuesto a los combustibles y redistribuir los ATN conforme a los coeficientes de coparticipación establecidos en la Ley 23.548.

“No queremos romper, pero sí pedir lo que creemos que nos corresponde”, afirmaron desde una de las gobernaciones presentes.

Proyecto federal y advertencia por el impacto social
El documento firmado por todos los mandatarios propone que tanto Nación como provincias puedan utilizar libremente los fondos que actualmente se canalizan a través de estructuras fiduciarias. Además, exige que el reparto de los ATN respete los criterios de coparticipación vigentes, con el argumento de que “su sanción no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales” y fomentará “más federalismo y equidad distributiva”.

En paralelo, los gobernadores advirtieron sobre el impacto de la crisis económica en sus distritos. Señalaron el cierre de comercios, el freno de la obra pública y una caída abrupta en la recaudación debido a la baja del consumo. También se apoyaron en un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que alerta sobre la subejecución de al menos 47 créditos internacionales destinados a las provincias.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, advirtió que “al paso que vamos, va a haber un costo social muy importante en la Argentina si el Gobierno nacional no reacciona a tiempo”.

Gobernadores presentes y clima tenso

Participaron 16 gobernadores de forma presencial, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta). Otros mandatarios, como los de Jujuy y Santiago del Estero, se sumaron más tarde, mientras que algunas provincias enviaron a sus vicegobernadores, como Santa Cruz, que tuvo a Fabián Leguizamón en representación.

Aunque el Gobierno calificó el encuentro como “positivo” y destacó que habrá nuevas reuniones, la percepción entre los mandatarios fue distinta. Ninguno habló con la prensa al retirarse. Solo los gobernadores Jalil y Ziliotto permanecieron más tiempo en el edificio para redactar el comunicado final.

Próxima parada: el Consejo de Mayo

En este contexto de tensión fiscal, el Ejecutivo convocó para este martes a la primera reunión formal del Consejo de Mayo, en línea con el pacto firmado el 9 de julio por 18 provincias. Participarán Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, representantes del Congreso, la UIA, la CGT y gobernadores como Cornejo.

El Consejo buscará transformar en proyectos legislativos los diez puntos consensuados, entre ellos, el nuevo régimen de coparticipación y la modernización del sistema fiscal. Sin embargo, el clima de reclamos provinciales podría complejizar el avance de ese diálogo.