Lo peor de este modelo
Las últimas pruebas PISA mostraron la grave crisis de nuestra educación, pero el problema está lejos de ser solo pedagógico. Hoy, la educación pública está bajo un ataque deliberado. El ajuste salvaje de Javier Milei —el mismo que exprime a los jubilados, destruye el mercado interno, cierra 30.000 pymes y deja a miles de familias en la calle— muestra su faceta más sádica en el vaciamiento de las aulas. Para este gobierno, educar es un estorbo presupuestario, cuando debería ser la piedra base de cualquier proyecto de país.
El trasfondo de esta destrucción es un modelo económico de exclusión. Como bien marca Daniel Filmus, el sistema público va de la mano del sistema económico. Hoy padecemos un esquema polarizado —heredado de la dictadura y los noventa, y profundizado por Macri y Milei— diseñado para que el 80% de los argentinos sobre. Las consecuencias son claras: 20 millones de personas sobreviven bajo la línea de la pobreza y 3,5 millones cayeron en la indigencia.
Si el modelo solo necesita a una pequeña minoría para funcionar, ¿para qué educar al resto? Esa es la lógica que impera. Por eso ya no tenemos un Ministerio de Educación, sino de "Capital Humano". Su titular, Sandra Pettovello, lo dejó claro: para ellos no tiene sentido invertir en alguien que el mercado laboral ya descartó. Es la misma mirada marginalizante de Mauricio Macri, cuando se lamentaba de quienes tenían que "caer" en la educación pública o le molestaba que hubiera universidades "por todos lados". Hay una decisión política firme de destruir al Estado y a la escuela pública, el lugar que sostiene al 80% de nuestro pueblo.
Desde la Casa Rosada, los números de la motosierra son lapidarios: el presupuesto educativo nacional se redujo casi a la mitad. Los fondos para la educación básica se desplomaron un 80%, el FONID fue dinamitado, los programas nacionales desaparecieron de un plumazo y se recortó un 23% el envío de plata para los comedores escolares. A esto hay que sumarle una estafa histórica: desde 2015 hasta hoy —atravesando a Macri, la pandemia y Milei—, se acumula una deuda con la ley de financiamiento educativo de 68.473 millones de dólares. Diez puntos del PBI esfumados en una década. Exigir excelencia académica sobre este terreno arrasado es de una hipocresía monumental.
Pero la culpa no es solo de Nación. El ahogamiento federal encuentra en las provincias una pasividad cómplice. En Catamarca, Jalil administra el ajuste con total comodidad mientras la realidad salarial docente es pura precarización. Según los datos de junio, Catamarca está en el puesto 21 de 24 jurisdicciones del país, con un sueldo promedio de apenas $1.043.648. Con maestros cobrando salarios de miseria y haciendo malabares para llegar a fin de mes, resulta insostenible pedirles innovación pedagógica o compromisos heroicos. El gobernador prefiere la prudencia fiscal antes que atender las necesidades de los catamarqueños.
Como advierte el pensamiento latinoamericano, el atraso de un pueblo no es un accidente geográfico; es el resultado de decisiones políticas. Ningún país crece dándole la espalda a sus escuelas. Mientras las grandes potencias invirtieron masivamente en educación como motor de soberanía, acá nos empujan a un modelo de exclusión. Entre la desinversión brutal de Milei y la desidia cómplice de Jalil, desfinanciar las aulas no solo apaga el desarrollo: hipoteca nuestro futuro y condena a las nuevas generaciones a vivir en la periferia.