La Justicia intimó al Gobierno para que cumpla con el financiamiento universitario
La pulseada entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario nacional sumó un capítulo definitorio en los tribunales. El juez federal en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, intimó al Gobierno nacional a dar cumplimiento total, en un plazo perentorio de cinco días, a la medida cautelar que exige aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Si la gestión libertaria insiste en desoír la manda judicial, el Estado afrontará sanciones pecuniarias compulsivas (astreintes) por cada jornada de retraso.
La resolución judicial desnuda una maniobra política insostenible. El Ejecutivo promulgó la norma luego de que el Congreso insistiera con dos tercios de los votos tras el veto presidencial, pero de inmediato congeló su ejecución bajo el pretexto de no contar con partidas específicas. Ante las presentaciones impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Ministerio de Capital Humano intentó justificar que ya cumplía la pauta salarial mediante aumentos por decreto y acuerdos parciales. Cormick rechazó el planteo y constató que la documentación oficial remitida no acredita el cumplimiento exigido.
El impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso ronda apenas el 0,23% del PBI, pero la administración nacional eligió convertir la discusión en una trinchera ideológica. Los gremios docentes y no docentes calculan un retraso en los haberes de entre el 31% y el 33% respecto de la inflación real, brecha frente a la cual el oficialismo ofreció apenas un 3% en la última mesa paritaria. La cautelar dictada en diciembre de 2025 fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó sellada por la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio de 2026, lo que dejó al Ejecutivo sin margen recursivo para esquivar la orden. La disputa, además, amenaza con agravarse hacia 2027: mientras las universidades proyectaron un gasto global de $11 billones para funcionar, el proyecto oficial girado al Congreso asignó $7,2 billones.
En las aulas del interior del país, y en particular en la Universidad Nacional de Tucumán, el litigio en los despachos porteños se traduce en el deterioro cotidiano de las condiciones de trabajo y cursada. En facultades como Filosofía y Letras o Ciencias Exactas, los docentes pierden poder adquisitivo mes a mes mientras sostienen las cátedras por vocación y no por retribución estatal. A esto se suma el congelamiento de las becas estudiantiles, la herramienta indispensable que define si un estudiante del interior provincial puede costear pasajes y apuntes o debe abandonar la carrera.
La utilización sistemática del aparato jurídico estatal para litigar contra leyes ratificadas por amplias mayorías parlamentarias no evidencia austeridad presupuestaria, sino una estrategia deliberada de desgaste contra la educación superior pública. Con la intimación judicial sobre la mesa y una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre, el margen de maniobra oficial se agotó: cumplir la ley o acumular multas diarias en nombre del ajuste.