La caída de la recaudación en provincias dispara la conflictividad en todo el país
La estrecha relación entre la caída de los recursos públicos y el incremento de las tensiones con los trabajadores estatales ha quedado documentada en el último relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Según el documento, la retracción del consumo impactó directamente en las transferencias por Coparticipación Federal y en la recaudación de impuestos propios, generando un escenario de ajuste en las áreas que concentran entre el 70% y el 80% del gasto provincial: los servicios sociales.
Durante el primer trimestre de 2026, los Recursos de Origen Nacional (RON) mostraron una caída real del 6,1%, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) retrocedió un 8,0%. Este panorama se ve agravado por la situación de los Recursos de Origen Provincial (ROP), que desde el inicio de la gestión nacional actual han sufrido una caída real promedio del 7,3%.
El mapa del conflicto
Esta asfixia financiera se tradujo en una multiplicación de reclamos laborales. El informe identifica al menos 92 conflictos en todo el país desde inicios de año. De este total, solo el 24,3% logró resolverse momentáneamente a través de paritarias, mientras que el 80,4% de los casos continúan activos ante ofertas que los gremios consideran insuficientes frente a la inflación.
La conflictividad no distingue geografías y afecta a sectores neurálgicos:
- Educación y Salud: Son las áreas con mayor cantidad de focos abiertos, con paros y movilizaciones en reclamo de recomposiciones que compensen la pérdida del poder adquisitivo.
- Seguridad y Justicia: Se registran acampes policiales en provincias como Río Negro y reclamos por deudas salariales en el sector judicial de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
- Seguridad Social: En distritos como Córdoba y Entre Ríos, las reformas previsionales y la preocupación por el sistema de jubilaciones han sumado tensión al clima laboral.
La situación en Tucumán
En el caso específico de Tucumán, el gasto provincial se encuentra altamente concentrado: un 73,6% de las erogaciones se destinan a Educación (32,5%), Salud (17,1%), Seguridad/Justicia (12,8%) y Seguridad Social (11,2%).
Pese a que la provincia logró acuerdos paritarios con algunos sectores, el informe de CEPA advierte sobre la persistencia de focos de conflicto. Estos se centran principalmente en el ámbito de la educación (tanto provincial como universitaria), el empleo público y los reclamos de mejoras salariales en los sectores de ciencia y tecnología, específicamente en el CONICET.
Adelantos de coparticipación: una solución paliativa
Para intentar contener la crisis, el Gobierno nacional anunció un régimen de adelantos de fondos coparticipables por un tope de $400.000 millones, destinado a 12 provincias, entre ellas Tucumán. Sin embargo, el análisis de CEPA es cauteloso al respecto: advierte que estos mecanismos implican menores ingresos futuros y no resuelven la cuestión de fondo, que es la debilidad de los recursos tributarios frente a una actividad económica en retracción.