Paraguay: escuelas rurales bajo amenaza por el uso de agroquímicos
Un informe de la Organización no Gubernamental Base de Investigaciones Sociales (BASE-IS) expuso el alarmante avance de las plantaciones de soja sobre 85 escuelas rurales en la Región Oriental de Paraguay, exponiendo a estudiantes y docentes a fumigaciones, con normativas de protección sin aplicación efectiva. Este seguimiento de un estudio iniciado en 2021 demuestra que la realidad en el campo paraguayo no solo persiste, sino que ha empeorado drásticamente.
El agronegocio de la soja, modelo productivo en Paraguay, ha avanzado de forma sostenida sobre comunidades campesinas, indígenas e instituciones educativas. En una entrevista para la multiplataforma informativa teleSUR, Miguel Lo Bianco, investigador de BASE-IS, declara que, de las 5.000 escuelas rurales, aproximadamente 1.600 se hallan en riesgo de fumigación al estar a menos de 1.000 metros, la franja considerada segura a nivel internacional, además, un 23 por ciento de estas instituciones tienen cultivos intensivos cercanos, situándose a menos de 100 y 200 metros.
Las fumigaciones impactan a toda la comunidad educativa, donde docentes, estudiantes y padres padecen un drama social. María Clara Roa, docente rural, comenta: «En el tiempo de las cosechas, nosotros no podemos salir afuera a jugar por la contaminación«.
Hace tres años, la primera parte del estudio registró 61 instituciones educativas con campos de soja a menos de 100 metros. En la actualidad, esa cifra registra un crecimiento significativo, al punto que las plantaciones invaden el propio territorio escolar, con cultivos de soja presentes en patios y canchas.
El investigador Lo Bianco señaló que a pesar de que se logró establecer un innovador protocolo, concebido como una herramienta esencial para permitir a las instituciones educativas la capacidad de emitir alertas tempranas y eficientes ante la inminente amenaza de fumigaciones, salvaguardando así la integridad de las comunidades aledañas y sus estudiantes, la efectividad y el alcance de este instrumento se han visto gravemente comprometidos por la inacción estatal.
Lo Bianco precisó que este esfuerzo fue desarrollado y validado en un entorno de participación comunitaria e investigativa en una mesa de diálogo intersectorial, en la cual participaron activamente instituciones educativas, investigadores y representantes de familias campesinas. Sin embargo, denunció que el Gobierno del Estado no ha asumido la responsabilidad de socializar este protocolo entre las entidades educativas y las poblaciones vulnerables, lo que se traduce en una barrera significativa para la implementación de medidas preventivas cruciales.
Lo Bianco recordó que Paraguay cuenta con una ley que regula el uso de agroquímicos y franjas de protección, además de un protocolo específico para proteger escuelas de intoxicaciones por pesticidas; sin embargo, las normativas vigentes son ignoradas, profundizando la crisis ambiental y sanitaria.
La magnitud de esta negligencia se evidencia en un dato alarmante: de la totalidad de escuelas consultadas que se enfrentan directamente a la amenaza de fumigaciones en la Región Oriental, únicamente una ha tenido acceso a la información contenida en el protocolo. Un detalle crucial es que esta divulgación no fue articulada ni ejecutada por las instancias gubernamentales, sino por canales ajenos al aparato estatal, lo que subraya la falta de compromiso oficial con la protección de estas comunidades.
Esta situación ha sumergido a educadores, investigadores y, de manera más crítica, a las familias campesinas de la Región Oriental en un estado de alarma constante. La ausencia de un mecanismo oficial y generalizado para la prevención y respuesta ante las fumigaciones agrícolas representa una amenaza latente y real. Pone en riesgo la salud, el medio ambiente y, en última instancia, la vida de familias enteras que dependen del campo y que residen en áreas directamente expuestas a estas prácticas, sin el amparo de un protocolo que debería estar en plena vigencia para protegerlas. TeleSur