Nuevo estado de emergencia en Ecuador por protestas indígenas

«Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes», escribió Noboa en su cuenta de la red social X.

Vargas había advertido el viernes a Noboa de que las protestas, que hasta el momento se han concentrado especialmente en la provincia norteña de Imbabura, podrían radicalizarse a tal punto de tomarse Quito, ya que se les iba a «acabar la paciencia», pues tras más de diez días de manifestaciones el Gobierno no da marcha atrás en su decisión que elevó el precio del combustible.

Y lo llamó a recordar qué fue lo que pasó en 2019 y 2022, cuando las masivas protestas lideradas por la Conaie llegaron hasta Quito, lo que llevó a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante esa advertencia y el aumento de las «manifestaciones violentas», Noboa declaró el sábado un nuevo estado de excepción en diez provincias del país y suspendió la libertad de reunión en esas localidades durante las veinticuatro horas.

Incentivos económicos

El presidente también anunció este domingo que reducirá el impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % al 8 % durante los días festivos del próximo 9 de octubre, por la Independencia de Guayaquil, y del 2 y 3 de noviembre, correspondientes al Día de los Difuntos y a la Independencia de Cuenca.

«Porque este país no se va a paralizar por unos cuantos que perdieron el negocio del contrabando y la minería ilegal», dijo Noboa, cuyo Gobierno ha asegurado que el subsidio al diésel no ha beneficiado a los más pobres sino a negocios ilícitos.

Además, el mandatario aseguró que adelantarán para el 14 de noviembre el pago del aguinaldo para los funcionarios públicos que generalmente se entrega en diciembre, con el objetivo de que las familias tengan «más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday» e invitó a la empresa privada a sumarse a la iniciativa.

Tras catorce días, las manifestaciones se han saldado con un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos, de ellos doce en prisión preventiva bajo imputaciones de «terrorismo» realizadas por la Fiscalía.

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han denunciado 196 vulneraciones de derechos cometidas, en su mayoría, presuntamente por las fuerzas de seguridad.

Este domingo aún permanecían cerradas a causa del paro siete carreteras en cuatro de las 24 provincias que tiene Ecuador. EFE