En Perú gremios agrarios exigen al Congreso rechazar nueva ley perjudicial para el sector
Los gremios que incluyen a la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (Anpe Perú), la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP), y la Confederación de Campesinos del Perú (CCP), entre otros, insisten en que la iniciativa daña gravemente a la agricultura familiar y advierten sobre el riesgo de una «convulsión social de alta intensidad» si se aprueba en segunda votación.
Las organizaciones agrarias señalan que esta propuesta legislativa, a la que algunos denominan «Ley Chlimper 2.0», facilita el acceso del sector agroexportador al mercado de compras estatales destinado a la agricultura familiar, y desvía programas de financiamiento no reembolsables (como Agroideas, Agro Rural y Agromercado) que originalmente estaban diseñados para pequeñas y medianas empresas (MYPE) y pequeños agricultores.
Argumentan que esto perpetúa la inequidad con incentivos fiscales desproporcionados y vulnera la sostenibilidad de miles de productores familiares, relegándolos a ser simples proveedores en un modelo de asociatividad «desigual y desregulado». Uno de los puntos más críticos para los gremios es el grave impacto fiscal que la ley podría generar.
Destacan que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo Fiscal han desestimado públicamente el dictamen, advirtiendo pérdidas anuales de hasta 1.850 millones de soles al reducir la tasa del Impuesto a la Renta (IR) para grandes agroexportadoras y debilitar los aportes a EsSalud. Se estima que, en total, los incentivos fiscales desproporcionados, sin metas claras ni compromisos verificables, podrían resultar en pérdidas de hasta 20.000 millones de soles, favoreciendo desproporcionadamente a los diez mayores grupos agroexportadores que concentran más del 60% del valor exportado, mientras se excluye a la agricultura familiar de beneficios efectivos.
Además del perjuicio fiscal, los gremios agrarios y rurales critican que la nueva ley debilita el trabajo fiscalizador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en el sector agroindustrial, lo cual representa un retroceso frente a la reforma lograda en 2020 tras movilizaciones nacionales. Miguel Quijandría, dirigente de Fentagro, señaló que la ley «precariza» a los trabajadores y que es «imperdonable que restrinjan funciones fiscalizadoras a la Sunafil», destacando la informalidad y la falta de respeto a los derechos laborales en muchas empresas.
Ante este panorama, las organizaciones han exhortado al Pleno del Congreso a rechazar el dictamen en la segunda votación y detener su avance inmediato. Insisten en que «apostar por el desarrollo del agro no puede hacerse a costa de desfinanciar el Estado ni volver a modelos de subsidios ocultos para grandes empresas». Exigen una revisión técnica y participativa de la propuesta, que involucre a todos los actores del agro, y el diseño de una política agraria integral que promueva la inversión, equidad y sostenibilidad de la pequeña agricultura, respetando las recomendaciones de organismos técnicos.
Advierten que de insistir en la aprobación, se agravará la crisis de gobernabilidad del país, dada la representación del 97% de la estructura agraria por los millones de pequeños productores de la agricultura familiar. A pesar de estas advertencias, el Ejecutivo, gremios empresariales y algunas bancadas en el Congreso, incluyendo el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, defienden la ley como promotora de inversiones y empleo formal, esperando un aumento en la recaudación a largo plazo. TeleSur