El gobernador Osvaldo Jaldo reclamó a la Justicia y a las instituciones educativas que actúen con más firmeza y severidad con los alumnos que sean hallados responsables de las amenazas de tiroteos y quienes lleven armas blancas o de fuego a las aulas.
“Hay que ir a fondo con las medidas. Estos chicos que de alguna manera cometen delitos pintando paredes o llevando armas blancas y armas de fuego tienen que ser detenidos. Tienen que hacerlos responsables penal y civilmente a sus padres de manera inmediata. No tomemos estas medidas cuando haya heridos o las discutamos sobre un féretro”, declaró al diario La Gaceta.
El tenor de las declaraciones del mandatario evidencian el malestar que hay en la Casa de Gobierno por las escasas o nulas consecuencias que se están aplicando en casos que encienden las alarmas en el ámbito educativo.
“El que comete un delito o un intento de delito tiene que quedar detenido y ser expulsado de la institución. A esto hay que darle un corte de cuajo, no da para más. No esperemos que ocurra un hecho lamentable que nadie quiere. No hay margen de ser benévolos, flexibles o mirar para otro lado, porque si esto se agrava y sucede lo que no queremos que suceda, seguramente va a rayar a las autoridades de turno”, lanzó el Gobernador a La Gaceta.
El titular del Poder Ejecutivo (PE) se expresó en esos términos luego de que se informara que en Tucumán se registraron cerca de 90 denuncias por amenazas de tiroteo en los últimos días y que hay alumnos que reconocieron ser responsables de las pintadas.
Además, recientemente se conoció que un estudiante llevó una navaja a la Escuela de Comercio N°1 (aunque afirmó que fue un error) y que una jueza revocó la prisión preventiva que le habían dictado a un adolescentes de 17 años por llevar a la escuela un revólver calibre 38 sin que se produjeran incidentes.
“El accionar de la Policía está a pleno. La Justicia tiene que endurecer las medidas. El que comete un delito debe ser detenido y enviado a Benjamín Paz (donde funciona el instituto para menores Padre Brochero). Darle allí todo el acompañamiento, pero no puede poner en riesgo a un colegio”, arremetió el gobernador.
En ese sentido, Jaldo recordó que apenas se conocieron las primeras amenazas el PE publicó el Decreto N° 772/7, con el fin de intensificar acciones preventivas y de disuasión, así como endurecer las consecuencias para los responsables. El instrumento autoriza la expulsión y aprehensión de los alumnos que participen de los actos de inconductas, con traslado a Padre Brochero. Además, estableció que los padres y tutores serán responsables de las conductas de los menores, y advirtió que los establecimientos educativos pueden perder los subsidios del Estado si no se hacen cargo del cuidado de los estudiantes.
“El PE ha redactado un decreto para que todas las medidas que se tomen en los establecimientos educativos se puedan profundizar e ir a fondo. Ya tenemos el caso de un niño que llevó un revólver, y lo mandaron a la casa. Hay otro que llevó una cortapluma, y lo mandaron a la casa, como si nada estuviera pasando. Me parece que de una vez por todas hay que ir a fondo con las medidas. Si lleva un revólver o un cortapluma al colegio es un riesgo cierto para los compañeros y una preocupación seria para todos los padres. Hay que ir a fondo”, insistió Jaldo.