Mieli desmantela el Estado mientras YPF se hunde en el rojo
El panorama energético argentino de marzo de 2026 se consolida como un escenario de "alta tensión social", donde la ingeniería financiera del Gobierno Nacional prioriza la quita de subsidios y la privatización de activos estratégicos.
Mientras la administración de Javier Milei profundiza el ajuste, los números de la petrolera de bandera, YPF, y las nuevas normativas tarifarias revelan el costo de un modelo que busca retirar al Estado de su rol empresarial a cualquier precio.
El desplome de YPF: Un balance que enciende alarmas
Los últimos datos consolidados de YPF, correspondientes al cuarto trimestre de 2025, arrojan una realidad crítica: la empresa registró una pérdida neta de -284.218 millones de pesos, lo que representa una estrepitosa caída interanual del -120%.A pesar de que los ingresos operativos crecieron un 26,63%, este incremento fue insuficiente para compensar la suba de costos operativos y el impacto del tipo de cambio.
Según el último reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el margen de utilidad neta se desplomó un 116,11%, situándose en terreno negativo por primera vez en varios períodos. Esta situación financiera no es casual; es el resultado de una empresa atrapada entre costos de producción dolarizados en Vaca Muerta y una política de precios internos que el Gobierno intenta utilizar como un ancla antiinflacionaria, manteniendo los aumentos de combustibles por debajo del IPC.
Tarifazos y el fin de los subsidios por ingresos
En el plano local, marzo llega con nuevos golpes al bolsillo. Se confirmó una actualización del 2,07% en el transporte eléctrico (Resolución ENRE 112/2026), que afecta directamente a la prestataria TRANSNOA con vigencia desde el 1 de marzo.
Sin embargo, el cambio más drástico radica en la focalización de subsidios. El Gobierno ha modificado el paradigma: ya no se segmentará únicamente por niveles de ingresos, sino por "capacidad patrimonial". A través de la Disposición 2/2026, se establecieron indicadores de exclusión que facultan al Estado a quitar el beneficio a hogares que, aun declarando bajos ingresos, posean un patrimonio "incompatible", como:
- Automóviles con antigüedad menor o igual a tres años.
- Tres o más inmuebles.
- Activos societarios, embarcaciones de lujo o aeronaves.
Este endurecimiento se suma a la reducción de los topes de consumo subsidiado, que ahora se limitan a 300 kWh en meses de alta demanda y apenas 150 kWh en periodos templados.
El "remate" de activos: ENARSA y el RIGIBajo la premisa de un "Estado Facilitador", la Casa Rosada ha iniciado un road show para sondear la venta de ENARSA. El paquete en juego incluye la participación estatal en centrales térmicas como Ensenada de Barragán y Brigadier López, además de proyectos de GNL y la represa Yacyretá. El informe del CEPA advierte que el timing genera ruido: en un contexto de riesgo país elevado y con YPF en rojo, surge la duda de si aparecerán compradores dispuestos a pagar lo que el Gobierno necesita.
En paralelo, se ampliaron los beneficios del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) mediante el Decreto 105/2026, incluyendo ahora la explotación onshore y offshore. Esta medida resulta contradictoria, ya que extiende beneficios fiscales a una actividad que ya atraviesa un boom de inversiones, provocando que el Estado resigne una recaudación significativa en nombre de un superávit fiscal que asfixia a otros sectores.
Geopolítica: El beneficio de las petroleras vs. el hambre interno
La escalada de conflictos en el Estrecho de Ormuz ha colocado a la Argentina en una posición paradójica. Con un récord histórico de producción de 882.200 barriles diarios en enero de 2026, el país se posiciona como un exportador "confiable".
Pero este escenario de "bonanza exportadora" tiene una contracara letal para el consumo interno. El crudo representa el 40% del precio de los combustibles; cada subida del Brent genera un "efecto cascada" que encarece el transporte y, por ende, los alimentos y bienes básicos. El Gobierno enfrenta el dilema de trasladar estos aumentos internacionales al surtidor o absorber la suba perdiendo recursos fiscales, en un año marcado por el ajuste extremo y la pérdida de poder adquisitivo de la población.