Comienza la actividad en el Congreso con una agenda marcada por la reforma laboral y la baja de imputabilidad

El Congreso de la Nación volverá a sesionar formalmente a partir del próximo lunes, en el marco de las sesiones extraordinarias que se extenderán durante todo el mes de febrero. El oficialismo presentó un temario extenso y diverso que busca consolidar transformaciones estructurales en áreas clave como el trabajo, la seguridad y el medio ambiente, mientras negocia con gobernadores y bloques opositores para asegurar el quórum y los votos necesarios.

El punto de mayor urgencia para el Poder Ejecutivo es la reforma laboral. El proyecto, que ya cuenta con dictamen en el Senado, propone cambios profundos como la reducción del cálculo indemnizatorio y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado por las empresas. Además, la iniciativa habilita el pago de salarios en moneda extranjera y la implementación de un "banco de horas" para compensar jornadas extra, buscando flexibilizar las condiciones de contratación vigentes.

Sin embargo, el capítulo fiscal de esta reforma ha generado resistencias entre los gobernadores. El artículo que reduce el Impuesto a las Ganancias impacta directamente en la coparticipación federal, lo que motivó reuniones de urgencia entre funcionarios nacionales y mandatarios provinciales. Gobernadores de distintas vertientes políticas han manifestado su preocupación por la pérdida de fondos, condicionando su apoyo parlamentario a una revisión de este punto específico.

En materia de seguridad, la gran novedad es la inclusión de la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. El Gobierno argumenta que el sistema actual, que establece el piso en 16 años, ha quedado desfasado respecto de la realidad delictiva y de los estándares regionales. Funcionarios del área de Justicia y Seguridad defienden la medida sosteniendo que los adolescentes de hoy poseen un nivel de discernimiento mayor que en décadas anteriores y que los delitos cometidos por menores deben ser sancionados acorde a su gravedad.

La agenda legislativa también contempla la modificación de la Ley de Glaciares, un pedido histórico de las provincias con actividad minera. La propuesta busca otorgar a las jurisdicciones provinciales la potestad de decidir sobre la protección de estas áreas, lo que permitiría expandir proyectos extractivos en zonas actualmente restringidas. Esta iniciativa enfrenta una fuerte oposición de organizaciones ambientales y sectores científicos que alertan sobre el riesgo hídrico y ecosistémico.

Finalmente, el temario incluye el debate sobre el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, así como la designación de nuevos representantes diplomáticos. En paralelo, los mandatarios de la región patagónica presionan para que se incorpore la emergencia ígnea a las sesiones, ante el avance de incendios forestales que ya han afectado más de 200.000 hectáreas en el sur del país.