Brasil: Los mega operativos generan pérdidas y no traen la paz

El operativo policial realizado el martes pasado (28) en los complejos Penha y Alemão no arrojó muchos resultados ni logró reducir el poder del crimen organizado. Esta es la valoración de la abogada penalista Lorena Pontes.   

“El crimen organizado es multifacético y estructurado, e involucra complejas redes económicas y sociales. Las operaciones policiales aisladas no pueden atacar sus raíces, que requieren políticas públicas integradas, prevención social y coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal”, afirma. 
La operación dejó 121 muertos, entre ellos 117 civiles y 4 policías, además de 113 detenidos y la incautación de 118 armas, 91 de ellas fusiles. La operación está catalogada como la más mortífera del país .

Lorena Pontes subraya que "el Estado no puede medir el éxito por la letalidad" y que las operaciones policiales a gran escala generan riesgos de abusos y violaciones de los derechos humanos. 

"En Río de Janeiro existe una autonomía histórica de las fuerzas policiales, lo que puede aportar eficacia en las acciones rápidas, pero también riesgos de falta de coordinación con las políticas públicas y una supervisión limitada."

Impactos incalculables 

Menos de 24 horas después del operativo policial, el Centro de Operaciones del Ayuntamiento (COR) indicó que la ciudad estaba volviendo a la “normalidad”, con la reanudación del tráfico en 35 carreteras que habían sido bloqueadas con barricadas y el restablecimiento del flujo vehicular.

Según el abogado Bruno Medeiros Durão, las operaciones policiales generan consecuencias que van más allá del simple bloqueo del tráfico. 

"Los cierres de carreteras, las suspensiones de servicios y el impacto en la logística generan inmensas pérdidas fiscales y tributarias para el estado y el municipio."
En su opinión, como experto en derecho tributario, los impactos de las megaoperaciones son incalculables, afectando el ecosistema social de la ciudad y socavando las oportunidades de negocio, la creación de empleo y la generación de ingresos.

“La inestabilidad crónica desalienta la inversión y supone una carga para los contribuyentes, que deben asumir los costes de la seguridad de emergencia. Desde una perspectiva fiscal, la paz social es un requisito indispensable para el desarrollo económico, y Río de Janeiro incumple constantemente este requisito”, añadió Durão.

Según un estudio de la Confederación Nacional de Comercio (CNC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el estado de Río de Janeiro pierde hasta 11.500 millones de reales anuales debido a la delincuencia violenta. Esto representa aproximadamente el 0,9% del PIB estatal.

Agencia Brasil