Condenaron en Tucumán a 8 años de prisión a dos personas por trata de mujeres

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán condenó ayer a 8 años de prisión a un hombre y una mujer que en 2022 explotaron sexualmente al menos tres mujeres en un departamento del centro de la capital tucumana, en lo que fue el décimo juicio por trata de personas en la jurisdicción y donde el Ministerio Publico Fiscal estuvo representado por el fiscal general ante ese tribunal, Pablo Camuña, y el auxiliar fiscal Daniel Weisenberg.

Los jueces del tribunal hicieron lugar a lo requerido durante los alegatos por el MPF y condenaron a Jonathan Barrionuevo y Mercedes del Valle Ramos como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en las fases de captación y acogimiento, agravado por la consumación de la explotación, en perjuicio de tres víctimas.

El tribunal -presidido por el juez subrogante Enrique Lilljedah e integrado por sus colegas Jorge Abelardo Basbus y Carina Farías- también ordenó la reparación integral solicitada por la fiscalía y condenó a ambos imputados a pagar a cada una de las víctimas, de manera solidaria, la suma de tres millones de pesos actualizable mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC, al momento del pago.

También dispuso mantener el embargo dictado durante la instrucción y la inhibición general de bienes para ambos condenados, que permanecerán en prisión preventiva, tal como llegaron al debate.

Por último, los jueces hicieron lugar de manera parcial a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal al ordenar el bloqueo en todo el territorio nacional de los perfiles de las víctimas que eran promocionados en un portal dedicado al ofrecimiento sexual de mujeres. Camuña y Weisenberg habían requerido esta medida para el contenido completo del sitio por su utilización para coaccionar y revictimizar a víctimas de trata de personas, y basaron este pedido en las convenciones de Belem do Pará y sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como en la denominada “Ley Olimpia” N°27.736, que incorpora entre las modalidades de la violencia de género a la violencia digital o telemática.

Durante la etapa de juicio, a lo largo de tres semanas, el TOCF de Tucumán recibió los testimonios de más de 20 personas, entre las cuales se reprodujeron las declaraciones de dos de las víctimas prestadas en Cámara Gesell, las cuales brindaron detalles respecto a la forma en que fueron captadas y la modalidad concreta de explotación a la que fueron sometidas por los condenados.

También brindaron sus testimonios vecinos y el administrador del edificio donde se encontraba el departamento, así como los gendarmes encargados de la investigación y el allanamiento, psicólogas y trabajadoras sociales del Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas de la Secretaría de la Mujer de la Provincia de Tucumán y personal de la Fundación María de los Ángeles por la Lucha Contra a Trata de Personas, quienes acompañaron a las víctimas de esta causa.

El tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 15 de abril.

El caso

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, presentado por el fiscal federal Agustín Chit, la causa se originó con una denuncia remitida el 8 de abril de 2022 por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, donde ponían en conocimiento de la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Allí se mencionaba como involucrados a un hombre y una mujer -luego identificados como los ahora condenados Barrionuevo y Del Valle Ramos- que se dedicaban a explotar sexualmente a mujeres en un departamento ubicado en el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán, bajo la modalidad de tipo “privado”.

De acuerdo a esta información, estas personas se encargaban de organizar los encuentros sexuales, controlaban, cobraban el dinero de las mujeres que eran prostituidas y, de esa manera, se aprovechaban de las diversas situaciones de vulnerabilidad que revestían las víctimas.

A partir de ahí, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°1 -en ese momento a cargo del fiscal Carlos Brito- con colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que ordenó las tareas investigativas a personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional Argentina.

Tras una serie de tareas investigativas, se pudo establecer que en el domicilio denunciado funcionaba un establecimiento de explotación sexual de mujeres de diferentes edades, entre las que se encontraban al menos una adolescente de 15 años y otras víctimas de entre 18 y 21 años, actividad a la que eran sometidas durante horarios alternados.

El tribunal también ordenó la reparación integral solicitada por la fiscalía y condenó a ambos imputados a pagar a cada una de las víctimas, de manera solidaria, la suma de tres millones de pesos actualizable mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

También pudo constatarse que las víctimas eran supervisadas por un hombre que organizaba y coordinaba a las mujeres que trabajaban en el lugar y además, era el responsable del ingreso y egreso de los clientes prostituyentes. De la entrevista con uno de ellos, se supo que el pago de los servicios sexuales se podía hacer a través de transferencias bancarias al alias de una cuenta de la aplicación Mercado Pago cuyo titular era Barrionuevo.

Al mismo tiempo, la Fundación María de los Ángeles Por la Lucha Contra a Trata de Personas puso en conocimiento una denuncia anónima recibida en su sede, que resultó coincidente con los hechos investigados. Esto aportó material probatorio relevante para el caso, consistente en fotografías y videos que daban cuenta de cómo funcionaba el prostíbulo. Gracias a ello, el juzgado le otorgó a la fundación el rol de querellante el 11 de agosto de 2022.

Como resultado de la investigación y a fin de rescatar a las posibles víctimas de explotación sexual, detener a los responsables de los hechos y recolectar elementos de prueba, el 9 de agosto de 2022 la fiscalía solicitó el allanamiento del domicilio, que se llevó a cabo tres días después, y donde pudo identificarse y detener a Barrionuevo y Del Valle Ramos.

El 31 de agosto de ese año, el juzgado interviniente dictó el procesamiento y la prisión preventiva de ambos acusados por el delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual, agravado por acoger a las víctimas aprovechando su situación de vulnerabilidad, por ser al menos tres las víctimas y por la consumación de la explotación de una de ellas al momento del allanamiento. Además, dispuso para ellos un embargo en la suma de un millón de pesos.

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